Las acusaciones de estupro contra el expresidente Evo Morales están provocando un escándalo que plantea interrogantes sobre la justicia en Bolivia y la seguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes. Es preocupante que un líder político de tal magnitud se vea involucrado en acusaciones de esta naturaleza sin enfrentar alguna acción efectiva por parte del sistema de justicia, dada la cultura patriarcal que atenta y fomenta el “abuso” a muchos sectores de la sociedad.
El estupro, definido como el acto de mantener relaciones sexuales con una persona menor de edad, es un delito que debería ser castigado con la máxima severidad. El mensaje que se transmite a la sociedad no se debe únicamente al daño físico y psicológico causado a las víctimas, sino también a que permite a quienes tienen poder y estatus eludir su responsabilidad. Es una vergüenza que la justicia no actúe en estos casos, especialmente cuando se trata de menores. El hecho de no respetar las leyes destinadas a proteger a los más vulnerables da como resultado un círculo vicioso de silencio y abuso.
La impunidad que rodea a personajes públicos no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también contribuye a una cultura de violencia y protección inadecuada para los menores de edad. Cada día que pasa sin que se tomen medidas efectivas contra Morales es un día más que se les dice a las víctimas que sus voces no importan. Esto no es solo un asunto legal, sino una cuestión moral y ética que debería ser abordada con seriedad.
Es primordial que la ciudadanía exija que se aplique la ley con todo su peso. La protección de los derechos de los menores debería ser una prioridad, y debe ir acompañada de una condena social hacia aquellos que se aprovechan de su poder. La búsqueda de justicia y la prevención de abusos contra menores, independientemente de su estatus social, requieren la participación de la sociedad en su conjunto.
El delito cometido por Evo Morales, es un ejemplo más sobre la necesidad de reformar la justicia, entre otras, para abordar el machismo y la desigualdad de género, donde los mismos están rampantes. Las instituciones responsables de garantizar la justicia deben ser reforzadas y dotadas de los recursos suficientes para investigar y enjuiciar eficazmente esos delitos. La corrupción y la influencia política no pueden interferir con la justicia. El objetivo es establecer un compromiso compartido que trascienda las fronteras políticas y sociales, enfatizando la importancia de proteger los derechos humanos por encima de los intereses partidistas.
De manera similar, es un imperativo que la educación sea una prioridad para abordar el estupro y la violencia de género. Se debe enfatizar desde una edad temprana la importancia del respeto, la igualdad y el consentimiento en las relaciones interpersonales. Al implementar campañas de concientización e incorporar programas integrales de educación sexual en las escuelas, podemos cambiar las narrativas que refuerzan la violencia y el abuso. La educación es el único medio para educar a las generaciones futuras sobre cómo reconocer y denunciar los abusos, y cómo convertirse en defensores de sus propios derechos y los de sus pares.
No podemos permanecer en silencio, quienes han sufrido estupro y otras formas de abuso deben ser conscientes de que no están solos, que existe un sistema de apoyo y que sus quejas serán tomadas en cuenta. La sociedad debe rechazar cualquier forma de revictimización y estigmatización de quienes han sufrido abusos. Es necesario crear espacios seguros, donde sean escuchadas sus historias y se les brinde el apoyo preciso para su recuperación. La justicia no es sólo un proceso legal, sino también un proceso social y humano que restablece la dignidad de las víctimas y condena la impunidad.
Estas realidades no se las puede evitar guardando silencio o siendo cómplices.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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