La justicia en Bolivia está muy lejos de cumplir los estándares interamericanos de acceso y el debido proceso; la vigencia de garantías legales mínimas para ejercer los medios de defensa, así como la reparación oportuna y adecuada en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros órganos del Estado.
Resulta insufrible apreciar cómo se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política en estos últimos 17 años por el actual partido gobernante, que no ha dudado en oprimirla e instrumentalizarla para sus oscuros propósitos de persecución, acallamiento, control de sentencias y fallos judiciales a gusto y placer, dirigidos a silenciar las voces disonantes que cuestionan su insalubre proceder. Tal situación ahonda aún más la crisis y el descrédito de la sociedad hacia un Órgano Judicial manipulado; cuyos males crónicos dan cuenta de la corrupción, retardo procesal, falencias normativas y ausencia de independencia; dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados; la falta de conformación de una verdadera carrera judicial; tipificación de delitos penales abstractos, poco claros y objetivos; además del insuficiente presupuesto gubernamental asignado a este sector.
El anhelo de consolidar una justicia independiente y efectiva, tan esencial para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos, nunca fue debidamente contemplada por este gobierno, pues siempre consideró en la práctica que el Poder Judicial, encargado de administrar justicia, debía estar sometido al Poder Ejecutivo, encargado de gobernar, y al Poder Legislativo, encargado de dictar leyes. Dicha ausencia de independencia, junto al uso de la persecución penal con fines estrictamente políticos, no hizo otra cosa que vulnerar flagrantemente el debido proceso; las deficiencias en las diligencias de investigación, imputaciones infundadas, detenciones arbitrarias; naturalización en el uso excesivo y prolongado de la detención preventiva, como medida ordinaria que respalda esta nefasta instrumentalización política del órgano de justicia.
La salida a la crisis del sistema judicial exige desprendimientos honestos y sinceros para afrontar una reforma estructural profunda, que asegure el acceso a la justicia de las víctimas, el debido proceso y la reparación oportuna y adecuada; la elección transparente de operadores de justicia, cuyos criterios de selección sean la meritocracia, trayectoria, experiencia profesional y el compromiso firme con los derechos humanos. Tal proceso exige desterrar cualquier interés político o partidario, así como los tan acostumbrados padrinazgos políticos que han primado en estos procedimientos donde los “beneficiados” –como es previsible–, siempre buscaron manipular y distorsionar resoluciones en una lógica de lealtad partidaria y favorecimiento indebido a quienes gozan del privilegio de estar arrimados al poder del gobierno. Asimismo, para cortar de raíz los favoritismos políticos o partidarios, es indispensable el concurso de representantes idóneos del mundo académico, la magistratura, los colegios de profesionales y la sociedad civil para la selección de candidatos.
El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad y obligación de garantizar la autonomía funcional, administrativa y financiera del Órgano Judicial; el ejercicio de sus actividades de acuerdo con los más altos principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad, jerarquía y, fundamentalmente, devolverle a la sociedad y las víctimas la confianza, transparencia e imparcialidad del derecho al debido proceso, asegurando su independencia, tal como establece la Constitución Política del Estado.
Ojalá en algún momento del transitar histórico, el país pueda contar con un sistema de justicia con verdadera independencia, inclusiva, ágil, pronta y eficiente; con credibilidad, imparcialidad y transparencia; cuyas resoluciones estén fundadas en la verdad material de los hechos, libre de intereses y maniobras políticas de protección y favorecimiento indebido.
El autor es docente e investigador.
