Los representantes de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) plantean la realización de un acuerdo nacional de paz y reconciliación sobre la base de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregada al Estado boliviano en pasados días. Señalan que esta propuesta busca reformar el sistema judicial en un lapso de 90 días.
El presidente de esta organización política, Carlos Mesa Gisbert, anunció que se remitió una carta al Presidente, Luis Arce Catacora, donde se propone un acuerdo político entre todas las fuerzas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto con la finalidad de reformar la justicia en un corto plazo.
Señaló que esta propuesta posibilitará construir paz y reconciliación, en ella se plantea un juicio de responsabilidades contra el Fiscal General del Estado, una Ley de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la designación por la ALP de un nuevo Fiscal General y Fiscales Departamentales, una reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial y derogación del Decreto Presidencial Nº 4461.
Mesa señala que el motivo esta iniciativa y que se desprende del informe del GIEI, es que el sistema judicial ha perdido legitimidad y no es posible salir de la crisis política y social con un sistema de justicia colapsado, sin credibilidad y susceptible de ser manejado por el poder político.
Asimismo, la carta señala que el contexto que vive el país es una oportunidad para encarar el desafío de investigar y juzgar a los responsables de los hechos luctuosos de octubre y noviembre de 2019, con un Ministerio Público y un Órgano Judicial independientes, imparciales e idóneos.
“Comunidad Ciudadana propone que dicho Acuerdo sea suscrito por el Gobierno que Usted preside y por los tres partidos con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional” señala parte de la misiva enviada por CC al presidente.
El exmandatario señaló que está demostrado que una verdadera transformación de la justicia es posible, pues en 2019 ya hubo un acuerdo y se cambió al Tribunal Electoral Plurinacional y a los Tribunales Departamentales, que llevaron adelante las elecciones de 2020 y no se necesita más análisis porque el GIEI ha evidenciado la crisis del sistema judicial.
“Mantener las cosas como están representa un riesgo latente para todos los bolivianos, pues la pérdida de legitimidad del órgano judicial puede llevar a una mayor polarización, conflictividad, precarización de la democracia y debilitamiento del sistema democrático”, dijo.
Desde el oficialismo se descartó la posibilidad de aceptar esta propuesta, por considerar que se trata de una forma de condicionar los hechos de violencia en 2019 y dejar de lado la justicia para las víctimas.
“Con esta propuesta quiere condicionar los hechos ocurridos en 2019, ahí está la cara del señor Carlos Mesa, no le interesa lo que son los 38 muertos, los más de 1500 detenidos de manera indebida, los más de 800 heridos y las torturas. No le interesa, eso está mal”, manifestó el diputado del MAS, Juanito Angulo.