A través de notas remitidas a varios organismos internacionales, haciendo conocer una serie de delitos cometidos por altos funcionarios del Movimiento al Socialismo (MAS), los miembros de la bancada parlamentaria de Creemos denunciaron que estos hechos son permitidos y protegidos por autoridades judiciales, lo que lleva a la normalización de actos reñidos con la ley.
En la misiva, se hace expresa que el partido gobernante, con la protección del Órgano Judicial, ha normalizado una serie de delitos y de prácticas criminales que tienen que ver con el estupro, trata y tráfico de personas, pedofilia, acoso sexual y laboral, violaciones a funcionarias públicas, entre otros.
«La comisión de delitos de toda índole han sido recurrentes en el partido de gobierno de Bolivia, es así que han proliferado las acusaciones, por ejemplo, contra el expresidente Evo Morales a quien desde su renuncia al cargo de presidente se le atribuye la comisión de delitos de estupro, abuso sexual y trata de personas, denuncias que han salido a la luz a partir de la pugna interna por el poder entre los denominados «arcistas» y «evistas», señala parte de la nota.
En el documento también se resalta que los hechos denunciados también fueron de conocimiento del actual presidente del Estado y todos los miembros del gabinete de ministros, así como de parlamentarios del mismo partido político.
«Las denuncias no prosperaron debido a la protección y complicidad del actual gobierno, así como del sometimiento del sistema judicial y Ministerio Público al poder de turno, situación que ha generado antecedentes que no pueden ser omitidos y han sido determinantes en la ‘normalización’ de este tipo de prácticas criminales», agrega la nota enviada a la OEA, ONU, CIDH, HRW, UE y otros organismos.
Asambleístas como la senadora Centa Rek, recordaron que en los casi 20 años del «masismo» en el poder, se han conocido denuncias graves contra varios militantes de este partido, acusados de mantener relaciones inapropiadas con menores de edad, de violencia política, de acoso y violación a funcionarias bajo su dependencia, violencia contra la mujer, y otros, que lastimosamente han sido desestimados por el Ministerio Publico o algún juzgado.