El órgano (poder) judicial, como pilar esencial de la democracia, debe mantener su imparcialidad, independencia y estar ajeno a las influencias políticas para asegurar una sociedad justa. A pesar de esto, en numerosos países, se ha observado cómo la politización de la justicia ha minado estos principios fundamentales. Con la llegada de la era digital, esta situación ha adquirido nuevas dimensiones, convirtiéndose en un desafío aún mayor para la consolidación de democracias saludables y operativas.
Las redes sociales y plataformas digitales facilitan el acceso a la información y al mismo tiempo generan desinformación, la manipulación de la justicia ya no se restringe a las acciones de actores políticos. Actualmente, es más simple que nunca presionar a jueces y distorsionar la percepción pública acerca de sus resoluciones judiciales. A través de campañas en línea y la utilización de tecnologías avanzadas, los involucrados pueden influir en el desarrollo de los procesos judiciales y perturbar la independencia judicial.
Uno de los mayores peligros de la politización de la justicia en la era digital consiste en el empleo de plataformas tecnológicas para desacreditar o coaccionar a jueces que no siguen las directrices políticas del gobierno o de grupos poderosos. Es cada vez más frecuente observar campañas en redes sociales que hunden más la (escasa) credibilidad de los jueces. En algunas ocasiones, estos ataques provienen de cuentas automatizadas, cuentas falsas o bots diseñados para dar la impresión de un apoyo masivo a una causa específica. Esta manipulación de la opinión pública puede conducir a la deslegitimación de fallos judiciales, minando la confianza en el sistema de justicia.
A través de estas plataformas, los actores políticos también pueden hacer uso de la desinformación para menoscabar la independencia judicial. Casos legales de gran relevancia pueden ser distorsionados en medios digitales, generando una narrativa que favorezca ciertos intereses políticos. La difusión de noticias falsas o tendenciosas en línea puede modificar la percepción pública de un caso judicial, generando una presión indebida para que tomen decisiones alineadas con las expectativas o demandas de determinados sectores. Esto no solo compromete la justicia, sino que también alimenta la polarización y debilita las instituciones democráticas.
En la era digital, la influencia política sobre el Poder Judicial también se ve facilitada por la vigilancia masiva y la utilización de tecnologías avanzadas para espiar a jueces y fiscales. En diversos países, han surgido informes sobre el uso indebido de herramientas de espionaje, como el software Pegasus, para monitorear las comunicaciones de los operadores de justicia. Esta forma de vigilancia no solo vulnera los derechos de privacidad, sino que socava gravemente la independencia judicial. Cuando los jueces saben que sus comunicaciones están siendo vigiladas o temen represalias políticas, su capacidad para emitir fallos imparciales se ve seriamente comprometida.
Por otro lado, la transparencia judicial es esencial en cualquier sistema democrático, pero en la era digital, esta transparencia puede convertirse en un arma de doble filo. Aunque es positivo que los ciudadanos tengan acceso a información sobre los procesos judiciales y las decisiones de los jueces, la excesiva exposición mediática puede ser manipulada con propósitos políticos. Los jueces no solo deben ser imparciales, sino también parecerlo ante la sociedad. Sin embargo, cuando cada decisión judicial es analizada y criticada en redes sociales, muchas veces con fines políticos, se genera un clima de desconfianza generalizada hacia el sistema judicial.
Es importante recalcar que la politización del Poder Judicial no es exclusiva de dictaduras o regímenes autoritarios. Incluso en democracias consolidadas, se ha visto un aumento de presiones políticas sobre el Poder Judicial, donde la difusión de información es casi instantánea y puede ser fácilmente manipulada.
Ante esta realidad, la única solución viable es fortalecer la independencia judicial y construir sistemas de justicia que estén protegidos de la influencia política. Para lograrlo, es esencial establecer mecanismos de control y supervisión que restrinjan el poder de los actores políticos sobre el proceso judicial. La transparencia debe seguir siendo un principio fundamental, pero también se deben resguardar a los operadores de justicia de la presión externa.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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