La selección de candidatos a magistrados en la Asamblea Legislativa ha sufrido numerosas dificultades que pueden ocasionar un fracaso total. Tan largo y escabroso periplo de más de un año, por si fuera poco, acaba de llegar a su fin.
Recordemos que, a mediados del año pasado, cuando empezó el proceso de escoger a postulantes a magistrados, se discutió la necesidad de dejar de lado el procedimiento vigente, que había fracasado anteriormente y utilizar un método de acuerdo con la actual realidad nacional. ¿Cuál era ese procedimiento parlamentario? Elegir a los magistrados mediante voto popular, que fracasó en dos oportunidades, debido a que prevaleció la abstención, reflejo de descontento popular. Además, sus propios autores reconocieron que su engendro no servía, pues estaba podrido de los talones a la coronilla.
Y una ola de incidentes postergó la selección de los candidatos a magistrados, una y otra vez, hasta que, finalmente, a fines del año pasado se vislumbró alguna solución desesperada. Pero también resultó inútil y la crisis se prolongó hasta mediados de este año, pudiéndose asegurar que vendrán otros grandes obstáculos.
Ese cúmulo de calamidades se extendió durante meses recientes, hasta que se pudo hacer cumplir las condiciones para que los candidatos a magistrados puedan pasar los exámenes establecidos en la llamada “farsa magna”. De esa manera, las comisiones parlamentarias pudieron cumplir con el inciso II del Artículo 138 de la Constitución Política, que especifica que los postulantes deben ser elegidos por votación popular para ocupar 84 altos cargos en el Órgano Judicial.
Todo parecía bien, pero cuando se tenía lista la nómina de candidatos se presentó otro impedimento, pues varios de ellos decidieron –en resguardo de la dignidad nacional– retirarse del torneo, en medio de otro embrollo. En efecto, al empezar la campaña, hubo 717 aspirantes a los máximos cargos judiciales, pero una primera purga marginó a una gran parte de ellos y quedaron en carrera solo 139. Finalmente, para las elecciones de diciembre, parecía que todo estaba en orden. Sin embargo, los problemas volvieron con la renuncia de varios candidatos a participar en elecciones judiciales, lo cual determinó que hay casi dos candidatos para cada uno de los 84 asientos para magistrados de distintas dependencias judiciales.
Es una escalada más de obstáculos en el complicado sistema para nombrar magistrados por sufragio universal, desconocido a nivel mundial, hasta el presente caso boliviano. Las elecciones de diciembre encaran, pues, muchos escollos en su marcha al acto final de este drama que es observado por el pueblo boliviano y que será la repetición de errores anteriores. Pero volver a lo mismo es un absurdo y sus consecuencias serán más perjudiciales para el país y el gobierno.
En efecto, la prueba definitiva para saber qué pasará el día de la elección de magistrados está ya a la vista, con un fantasma amenazante, que sería una abstención que dé al traste con el sistema electoral en vigencia.
