miércoles, octubre 16, 2024
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A días de concluir su gestión

Lanchipa deja caso de Morales en manos de Fiscalía de Tarija

La investigación del caso que involucra al expresidente Evo Morales en presunta trata de personas y estupro, es de «entera responsabilidad» de la Fiscalía Departamental de Tarija, a cargo de Sandra Gutiérrez, según declaró ayer el fiscal general del Estado Juan Lanchipa, a una semana de concluir su gestión como máxima autoridad del Ministerio Público.

«Es entera responsabilidad de la Fiscalía Departamental (de Tarija) y el equipo de fiscales que conformaron para llevar adelante la investigación todo este proceso», sostuvo Lanchipa a Erbol, tras ser consultado si existe una orden de aprehensión contra Morales.

Lanchipa respondió que los obrados en esta querella están a cargo exclusivamente de Gutiérrez y su equipo de fiscales asignados al caso, por lo que la prensa «debería trasladar sus preguntas a ella para que ella pueda dar una respuesta cabal y precisa sobre el avance de las investigaciones».

La semana pasada, Morales debió declarar en Tarija tras ser involucrado con una menor de edad de Yacuiba, con quien habría mantenido relaciones sexuales cuando ella tenía 15 años. Fruto de esto, ella quedó embarazada al año siguiente y dio a luz una niña en 2016, según la denuncia.

Morales no fue a declarar, por lo que Gutiérrez anunció la emisión de una orden de aprehensión que hasta el momento no fue materializada. El padre de la supuesta víctima fue enviado preventivamente a la cárcel de Morros Blancos en Tarija, por cuatro meses, por supuestamente favorecer la relación.

ALERTA MIGRATORIA

Sobre la petición de una alerta migratoria, Lanchipa aclaró que remitió una nota a la Fiscalía de La Paz en el marco de otro proceso, por lo que aguardan una respuesta: «Es simplemente la remisión de una nota que presentaron las personas y se remitió a la Fiscalía de La Paz para su análisis correspondiente y estamos pendientes de la respuesta».

Dos exdiputados solicitaron la alerta migratoria en contra de Morales debido a un proceso por presuntos delitos de corrupción en su gestión, los cuales suman un daño económico al Estado aproximado de mil millones de dólares. (EL DIARIO y agencias)

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