La Misión Internacional Independiente de la Irganización de Naciones Unidas (ONU) para Venezuela afirmó ayer que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad”, antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.
En un informe de 158 páginas que abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (Dgcim), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.