Con magistrados que habían maniobrado para prolongarse en sus altas funciones, los bolivianos comenzamos 2024 con la ratificación de que nuestra justicia es, sin exagerar, la peor del mundo.
En lugar de reparar daños, la justicia boliviana los causa y se ha convertido en un arma letal para los enemigos de los detentadores del poder. Nos lo demostró cuando desató aparatosos operativos policiales para detener a quienes considera sus enemigos políticos, como los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Una de sus víctimas es Jeanine Añez. Cuando fue sometida a un juicio ordinario, varias voces protestaron porque, en su condición de expresidenta, le corresponde ser procesada mediante un juicio de responsabilidades, pero el argumento del gobierno fue que ella no había sido presidenta sino una “autoproclamada” como corolario de un golpe de Estado. No escucharon los argumentos en el sentido de que golpistas como García Meza fueron procesados mediante juicio de responsabilidades, porque eso es lo que dice la ley.
Entonces, en uso de una de sus detestables costumbres, Evo Morales abrió la boca para decir que el enjuiciamiento ordinario de Añez fue decidido en una negociación con el gobierno, en la que él pidió esa vía, desechando el juicio de responsabilidades. El asunto es extremadamente grave porque, con la mayor naturalidad del mundo, el expresidente confesó que burló la ley al imponer su voluntad por encima de ésta. Quería mandar a Jeanine a la cárcel y lo logró.
Pero la vida es una montaña rusa, así que, después de muchos intentos, a él le tocó afrontar las consecuencias de una denuncia por la supuesta comisión de delitos sexuales. La Fiscalía de Tarija emitió orden de aprehensión en su contra, pero, de inmediato, una jueza de Santa Cruz la anuló.
Mientras era presidente, Morales gozaba de inmunidad y protección totales. Podía cometer delitos porque su entorno se lo permitía y facilitaba, pero ahora las cosas son diferentes porque no está gobernando, por lo menos no directamente.
Sin embargo, Evo sigue ejerciendo su poder de maneras que se puede advertir, pero no se puede probar. Una de ellas es comprando conciencias de jueces y fiscales para que éstos no se metan con él. Ha evadido la acción de la justicia, que hasta hace algunos días había decidido no tocarlo, y se ha parapetado en su feudo del Chapare para que nadie se meta con él.
Para agravar las cosas, sus simpatizantes han iniciado un bloqueo de caminos que, según lo han admitido y señalado en voz alta, busca evitar que él sea aprehendido. Se ha “recontraconfirmado”, entonces, que no somos iguales ante la ley, porque existe una clase que no es tocada por ésta, aquella que puede pagar sus favores.
Pero eso no es todo: el gobierno del presidente Luis Arce optó por invitar al diálogo a Evo Morales y sus seguidores con el fin de negociar una solución a sus demandas. ¿Y qué es lo que se va a negociar?… ¿que, una vez más, el expresidente estará a salvo de la justicia, aunque, como se ha demostrado, haya incurrido en estupro?
¿La ley es para cumplirla o negociarla? Con la convocatoria a diálogo a un grupo de personas que persiguen un fin individual y sectario, Arce también está confirmando que los bolivianos no somos iguales ante la ley.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.