Acción militar del 26 de junio agravó deterioro de las FFAA

La acción militar irregular del 26 de junio, que no puede calificarse como un intento de golpe de Estado, fue un acontecimiento que agravó la crisis democrática y el deterioro de la credibilidad en las Fuerzas Armadas (FFAA) y otras instituciones estatales, según concluye el último informe trimestral sobre derechos humanos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
“El resultado, tras lo sucedido el 26 de junio, es un mayor deterioro de la credibilidad de las instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas”, señala el boletín, tras registrar 11 casos de vulneraciones de garantías y libertades fundamentales en Bolivia, además de 56 hechos de vulneraciones de derechos territoriales y medioambientales entre mayo y agosto de 2024.
El reporte ve “muy poco probable” que el ingreso de tanquetas y tropas armadas al “corazón” de la sede de Gobierno, la plaza Murillo, haya podido ocurrir sin el conocimiento de las altas autoridades del Estado, lo que denota una posible intención del Gobierno de emplear “cualquier estrategia para negar o distraer la atención” de la delicada situación económica.
Con la detención arbitraria del presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), Fernando Hamdan, el Cedib advirtió un recrudecimiento de la persecución política en los últimos meses, en medio de una pugna interna entre facciones del Movimiento al Socialismo (MAS).
Para el Cedib, esto revela la erosión de derechos humanos básicos y un indicador del deterioro de la democracia. Entre otros hechos registrados, figuran la ampliación en la detención y otras irregularidades judiciales cometidas a los dirigentes yungueños, Raúl Uría y Juan Cocarico, junto con el incumplimiento del traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para su asistencia al juicio por el caso “Decretazo”.
Asimismo, el boletín advierte una “preocupante reducción del espacio cívico” al haberse incrementado las agresiones y detenciones arbitrarias a periodistas, como el caso de los trabajadores de prensa agredidos por policías en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz en mayo, el amedrentamiento a una periodista de RTP y su camarógrafo por la cabecilla del grupo de avasalladores “Clan Villca”, o la injustificada detención del periodista Juan Pérez Munguía, por tomar imágenes fuera del Banco Central de Bolivia (BCB), a inicios de agosto.
“Preocupa la reducción del espacio cívico, ya que se reportó un incremento de las agresiones y detenciones arbitrarias a periodistas (…). Esto refleja que en el país el trabajo periodístico es difícil, lo que sustancialmente provoca el debilitamiento de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos”, se lee en el boletín.