El Gobierno ordenó ayer el repliegue total de fuerzas policiales en el Trópico de Cochabamba debido a supuestas amenazas de sectores “evistas”. En vista de que este territorio no puede ser controlado ni por el Estado, dos analistas convergen en que el Movimiento al Socialismo (MAS) es una organización criminal cuyos adeptos no solo portan y disparan armas o explosivos, sino que son capaces de rebasar a fuerzas del orden y generar un panorama de inseguridad y falta de protección, lo que claramente está tipificado como terrorismo.
La pasada jornada, efectivos de diferentes reparticiones policiales (Felcc, Felcn, Diprove, etc.) de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Entre Ríos e Ivirgarzama, entre otros, se replegaron hasta dependencias policiales de la ciudad de Cochabamba por orden del Comando Departamental, tras denunciar amenazas de sectores “evistas” en el decimosexto día ininterrumpido de bloqueo de caminos. El lunes se reportó también el robo de armamento reglamentario a la estación policial de Mairana, donde resultaron heridos más de una decena de policías.
Aunque existen normativas que tipifican delitos referidos a la tenencia o portación de armas, con penas de entre dos a seis años, y también por fabricación y robo de armas, penadas con hasta 30 años de cárcel sin derecho a indulto, imágenes difundidas en medios y redes sociales dejan en evidencia que estos grupos poseen armas de fuego de grueso calibre, sin autorización ni control por parte del Gobierno o las fuerzas del orden.
El analista en seguridad y defensa, Jorge Santisteban, señaló a EL DIARIO que lo que están haciendo estos “grupos políticos armados” no es otra cosa que terrorismo, al generar en la población un ambiente de inseguridad y falta de protección del Estado; como son del mismo partido, no serán investigados.
“El uso de armas de fuego, de un lado o del otro (del MAS), debe ser penado por ley. Lo que están haciendo ahora aquellos elementos armados, en apoyo a los bloqueadores, se llama terrorismo. La portación de armas no es suficiente para ellos, sino el delito es uso de armas de fuego, seguidos de acciones de terror: hacer emboscadas, disparar a la autoridad y finalmente aterrorizar a la sociedad (…) Ese ambiente de inseguridad y falta de protección es el que está creando miedo, y eso, en el Código Penal, está tipificado como terrorismo, penado entre 15 y 20 años de prisión”, señaló Santisteban a EL DIARIO.
El analista agregó a este matutino que, mientras la Fiscalía no acompañe a la Policía en la investigación y no realice las imputaciones correspondientes para desarticular a estos grupos dejándolos sin cabeza (capturando a los autores intelectuales como sería Evo Morales y su Estado Mayor del Pueblo), la Policía puede desbloquear una y mil veces, pero nunca acabarán con el problema.
MAS: ESTRUCTURA
CRIMINAL
En una reciente columna de opinión, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, señaló: “puedo afirmar que el MAS no es solo una organización política, sino una estructura criminal con capacidad de generar violencia en espacios geográficos específicos”.
Morales argumenta su afirmación en que el actuar violento de estos grupos armados y “territorializados”, en defensa de los intereses del jerarca cocalero denunciado por estupro y tráfico de personas, ocurre a vista y paciencia de instituciones del Estado como los ministerios de Gobierno y Defensa, junto con las mismas Fuerzas Armadas.
“La presencia de gente armada en el puente de Ichilo, los disparos realizados a policías en cercanías de Challapata y las amenazas de actuar con violencia desde el Chapare, perfilan la presencia de una organización territorializada que cuenta con el absoluto beneplácito de la Policía y las Fuerzas Armadas, es decir de sus mandos, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno”, explicó el activista.
ZOZOBRA EN
EL TRÓPICO
Previo al sorpresivo repliegue policial, el Gobierno reportó más de una decena de policías heridos el fin de semana, además del robo, la quema de dos vehículos policiales e incluso un uniformado atropellado por un vehículo de procedencia venezolana, en el que iba a bordo el expresidente, Evo Morales, quien habría evadido una requisa de control en su trayecto a Lauca Ñ. Evo Morales denunció un atentado de asesinato en su contra.
Ante esta situación, el Gobierno declaró recientemente que se analiza declarar Estado de Excepción para poder desbloquear definitivamente los sectores en conflicto; sin embargo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, considera que la medida es “extrema”.
El pasado miércoles, un grupo de policías que intentaba intervenir un punto de bloqueo en el departamento de Oruro sufrió un ataque armado por parte de civiles, quienes dispararon a los vehículos desde casi 500 metros. Un día antes, se evidenció la presencia de bloqueadores armados que instalaron una vigilia cerca de una unidad policial en Bulo Bulo, Cochabamba.
Desde el inicio de las protestas, se sugiere que existe un grupo de bloqueadores, campesinos y civiles afines al expresidente, capaces de rebasar y hacer retroceder a las fuerzas del orden con el uso de armas de fuego, explosivos, piedras y objetos contundentes. Mientras diariamente se registran enfrentamientos en operativos de desbloqueo, los bloqueos persisten una y otra vez, pues el “evismo” se repliega y vuelve a instalarse en las carreteras.
