La Procuraduría General del Estado (PGE) informó ayer que solicitó la aprehensión del exministro, Juan Ramón de la Quintana, y de los dirigentes «evistas» Ponciano Santos y Humberto Claros, por alentar a la violencia en los bloqueos; asimismo, se pide la ampliación de la investigación por terrorismo y otros delitos por su “impacto negativo” en la economía, los derechos humanos y los intereses del Estado.
En un comunicado, la PGE señaló que “ha reiterado la solicitud de aprehensión para Juan Ramón Quintana Taborga, Humberto Claros Zeballos y Ponciano Santos Colque Cruz, al amparo de los Artículos 122 y 226 del Código de Procedimiento Penal, permitiendo así el uso de la fuerza pública para asegurar su comparecencia”.
La defensa jurídica del Estado menciona además que se solicitó al Ministerio Público la ampliación de las investigaciones dentro del caso del bloqueo “evista” (CUD 309202172400401), por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Terrorismo, estipulados en los Artículos 132, 130 y 133 del Código Penal.
De acuerdo con los antecedentes, los acusados habrían “organizado y alentado a realizar bloqueos y protestas violentas, incluyendo llamados públicos a la toma de acciones específicas contra el orden público, tales como bloquear vías de tráfico estratégicas y la toma de rehenes en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, señala la Procuraduría.
La solicitud fue emitida inicialmente el 3 de noviembre. El pedido fue reiterado a través de un memorial firmado por el subprocurador, Ricardo Condori, además del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
“SANGRE ALIMENTA BLOQUEOS”
En una entrevista reciente, De la Quintana sostuvo que los bloqueos se desarrollan de manera progresiva y que se alimentan con sangre para fortalecerse y provocar el debilitamiento del Gobierno.
El viernes pasado, durante el desbloqueo de carreteras en Parotani (Cochabamba) y Mairana (Santa Cruz), fueron aprehendidas más de 60 personas tras los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La Fiscalía abrió siete procesos contra los responsables de los enfrentamientos en la localidad cochabambina. El lunes 4 de noviembre, la PGE formalizó su apersonamiento a los procesos penales iniciados por estos ataques registrados contra miembros de la Policía Boliviana y militares.