Cuatro docentes de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) presentaron ayer una denuncia formal para que se investiguen irregularidades en el proceso de selección de docentes interinos en esa carrera.
Las comisiones evaluadoras, según los denunciantes, bajan y suben las calificaciones a los postulantes de manera arbitraria para favorecer a ciertas personas. Los catedráticos favorecidos serían Alejandro Estrada, Nieves Salas y Melina Diez de Medina, quienes no justificaron con documentos los puntos obtenidos para su calificación.
La denuncia penal está dirigida contra los docentes Víctor Oporto y Jaime Iturri, ambos integrantes de la comisión evaluadora cuando se produjeron los hechos, además del decano de Ciencias Sociales, Edgar Pomar, y el vicedecano y director de carrera Fidel Rojas.
La denuncia indica que los postulantes hasta inventaron que habían publicado libros que supuestamente no existen y afirmaron tener maestrías que nunca cursaron.
Los docentes Manuel Sarabia, Federico Zelada, María Rivero e Iván Vilela son quienes presentaron la denuncia penal.
El conflicto comenzó con la convocatoria Nº 05/2023 para la admisión de docentes interinos en la gestión 2024. Según los denunciantes, el proceso fue manipulado desde su inicio, permitiendo a los organizadores no conformar el tribunal evaluador de acuerdo a las normas universitarias. Asimismo, sostienen que el Comité Evaluador incluyó estudiantes que no figuraban entre los mejores de la carrera, incumpliendo el reglamento.
“La Comisión Evaluadora Docente, conformadas por el Lic. Víctor Oporto y el Lic. Jaime Iturri, dolosamente alteró sus calificaciones”, agrega la denuncia.
Los involucrados son acusados de haber permitido, entre otros delitos, falsificaciones de documentos para garantizar la selección como nuevos catedráticos de ciertos postulantes.
Brújula Digital se comunicó con Jaime Iturri, Edgar Pomar y Víctor Oporto, pero declinaron hacer declaraciones.
PUNTAJES MÁXIMOS ARBITRARIOS
La denuncia destaca la posible responsabilidad de Pomar, en su calidad de decano, y de Rojas, que ocupaba el doble rol de vicedecano y director de la carrera, quienes habrían tenido un control decisivo en el proceso, facilitando decisiones administrativas favorables a candidatos afines.
De acuerdo con la denuncia, los docentes interinos que resultaron ganadores de las plazas en disputa, Alejandro Estrada, Melina Diez de Medina y Nieves Salas, habrían obtenido puntajes excesivamente altos mediante una evaluación parcial y favorable, en la que varios requisitos documentales fueron ignorados.
Se acusa a Oporto e Iturri de calificar a estos postulantes con puntuaciones máximas en aspectos en los que, según el reglamento de la UMSA, no cumplían con los requisitos mínimos.
Se menciona que, en la planilla de evaluación de méritos, se calificó a los ganadores con puntajes máximos sin que estos acreditaran tener especialidades o maestrías requeridas.
Asimismo, se alega que los evaluadores otorgaron puntajes altos en producción intelectual por supuestos libros publicados por los postulantes. Son los casos de Nieves Salas y Melina Diez de Medina: los denunciantes detallan que ambas habrían escrito supuestas obras de su autoría sin los registros legales exigidos.
En consecuencia, los denunciantes advierten que estos actos ilegales no solo afectaron a postulantes legítimos, sino que también atentan contra la transparencia y la legalidad de los procesos universitarios.
USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO
Otro de los puntos críticos en la denuncia es el supuesto uso de documentos falsificados por parte de los postulantes favorecidos. Por ejemplo, Alejandro Estrada es acusado de haber presentado documentación falsa en la que afirmaba tener experiencia docente y académica no comprobada, logrando una puntuación que le permitió ganar la asignatura de “Procesos Históricos”.
La denuncia señala que tanto el decano Pomar como el vicedecano Rojas hicieron caso omiso a las impugnaciones que presentaron otros postulantes, lo cual, según los denunciantes, muestra un claro incumplimiento de sus deberes.
El grupo denunciante considera que estos actos no solo son perjudiciales para los postulantes que participaron legítimamente, sino que también generan un riesgo de politización de la Facultad de Ciencias Sociales, a la que pertenece la carrera.
Aseguran que esta manipulación responde a una supuesta estrategia de algunos miembros de la Facultad para consolidarse en el poder, buscando influir en futuras elecciones de la carrera y controlar los comités electorales, para hacer de la Facultad de Ciencias Sociales un bastión político afín a sus intereses. (Brújula Digital)
