En el contexto de las próximas reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, el gobierno de Perú clasificó como reservada la información relacionada con las actividades de seguridad en el entorno de la Presidencia de la República. Esta decisión se formalizó mediante una resolución firmada el 8 de noviembre, y afecta también la seguridad de la Casa de Gobierno y sus “locales conexos”, así como “actividades de carácter nacional e internacional”.
La resolución del 8 de noviembre, difundida por IDL, no indica fecha de caducidad para el carácter reservado de esta información, por lo que el acceso a los datos relativos a los planes de seguridad de los vehículos oficiales, reuniones y desplazamientos de Boluarte no queda restringido solo durante fechas de APEC, sino “en adelante” y de forma indefinida. Según el gobierno, esta medida se justifica ante “nuevas amenazas y escenarios de riesgo” en el marco del APEC, citando potenciales manifestaciones y disturbios como posibles riesgos a la seguridad, citando como fuente información de carácter secreto de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
PIDEN TRANSPARENCIA
La declaración de información reservada generó críticas de sectores de la sociedad civil y medios de comunicación, que argumentan que la medida vulnera la Ley 27806 – Ley de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, el periodista Glatzer Tuesta manifestó en transmisión de IDL que esta acción es “contraria al derecho de acceso a la información libre” y representa una “falta de transparencia” en un contexto en el cual los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles de la gestión y seguridad presidencial.
A su vez, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos explicó a Infobae Perú que, conforme a la Ley 27806, solo puede clasificarse como secreta aquella información que compromete la seguridad nacional o las actividades de inteligencia, siempre que se respete el Estado de Derecho. En estos casos, corresponde al titular del sector justificar la clasificación, mientras que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) debe establecer el plazo de vigencia de dicha reserva, ya que este tipo de medidas deben ser excepcionales y contar con un límite claro de tiempo.
“Las limitaciones a los derechos deben siempre contar con un fundamento sólido, de lo contrario, estaríamos ante un uso abusivo del poder público. El gobierno tiene el deber de justificar las razones en las que se basa esta medida”, señaló Heber Joel Campos.
CONTROVERSIA POR RESERVA
No es la primera vez que el gobierno de, Dina Boluarte, toma una medida semejante: la decisión se suma a la controversia generada en septiembre, cuando la Presidencia clasificó como reservada la información del “cofre” o compartimento seguro del vehículo presidencial utilizado por Dina Boluarte. En aquel momento, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y otros medios informaron sobre sospechas de que el compartimento fue utilizado en desplazamientos hacia el sur del país en un contexto de movimientos inusuales y rumores que vincularon a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, con el uso de vehículos presidenciales.
Medios como La Encerrona intentaron acceder a registros de desplazamientos y kilometraje de los vehículos asignados a Dina Boluarte desde diciembre de 2022, solicitud que fue denegada con el argumento de que la información está clasificada como reservada. Las críticas surgieron porque la resolución fue creada de manera retroactiva, presuntamente para blindar a Dina y su círculo de cuestionamientos mediáticos. “Solicitamos la información el 2 de septiembre, y dos semanas después le pusieron su sello de reservado”, cuestionó Marco Sifuentes en su programa.
TENSIÓN SOCIAL EN PERÚ
La reunión del APEC se celebra en un contexto de tensiones sociales en Perú, donde numerosos gremios y sindicatos de Perú convocaron un paro nacional indefinido que se inició hoy y se extenderá hasta el viernes 15, coincidiendo con la llegada de líderes internacionales al foro, como Joe Biden y Xi Jinping. Con este paro, los gremios buscan visibilizar ante la comunidad internacional sus demandas y exigir a la presidenta Dina Boluarte una respuesta concreta a las problemáticas que enfrentan en sus sectores.
En el marco de las manifestaciones, se tomaron otras medidas en Lima con la intención de facilitar el desarrollo de las reuniones, incluyendo la implementación de clases virtuales y la adopción de esquemas de trabajo remoto en empresas y entidades públicas. Las restricciones y el aumento de medidas de seguridad llevaron a cuestionamientos en torno a la gestión de la transparencia del gobierno peruano. (Infobae)