Ven corresponsabilidad entre el “masismo” y el “mesismo”

Normativa nacional expresa prohibiciones para evitar que miembros de determinado Tribunal emitan resoluciones o fallos con efecto sobre sí mismos, por lo que acciones del TCP se constituyen delitos penales que, a futuro, podrán constituirse en base para el procesamiento de sus miembros.
Asegurando que el Gobierno demuestra consentimiento al accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la falta de una posición institucional de rechazo a los fallos de esta instancia, el diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, reprochó que el principal fundamento para suspender parcialmente las elecciones judiciales sea el incumplimiento de requisitos, afirmando que esta acción fue producto de un pacto entre el “masismo” y el “mesismo”.
A través de sus redes sociales, el asambleísta nacional por Chuquisaca se refirió a los argumentos expresados por la Sala Cuarta del TCP para ratificar la suspensión parcial de estos comicios, advirtiendo además, las posibles consecuencias de este fallo en la administración de la justicia nacional.
En criterio de Pedrazas, existe un claro consentimiento del Gobierno a las determinaciones del TCP y esto se evidencia con la ausencia de una “posición institucional contundente” del Órgano Ejecutivo respecto a la decisión asumida por los magistrados prorrogados.
Pedrazas agregó que, a esto se suma la corresponsabilidad de la oposición, sobre todo del bloque “mesista” cuyos miembros en las comisiones parlamentarias, encargadas de la preselección, pasaron por alto demandar el cumplimiento de los requisitos para la conformación de las listas de habilitados que posteriormente serían remitidas al TSE.
“La corresponsabilidad del ‘mesismo’, al incumplir los requisitos de preselección de la Ley de Convocatoria, esa que pactaron con el MAS es principal fundamento del TCP para paralizar la elección”, expresó el legislador.
En ese contexto y puntualizando que la normativa nacional expresa prohibiciones para evitar que miembros de determinado Tribunal emitan resoluciones o fallos con efecto sobre sí mismos, “donde los que firman la sentencia son los que se quedan”, el legislador de oposición advirtió que las acciones del TCP se constituyen delitos penales que, a futuro, podrán constituirse en base para el procesamiento de sus miembros.
Asimismo, advirtió que, si por disposición judicial se continúa con un proceso electoral parcial, renovando altos tribunales por partes, los magistrados “autoprorrogados” permanecerán en sus cargos y manteniendo hegemonía al momento de resolver temas “delicados” que pueden dañar la democracia.