Desde la Iglesia Católica respaldan la ley que cesa de sus funciones a los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como también hace un llamado a restablecer la institucionalidad de la justicia en Bolivia, según expuso el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas.
“La promulgación de la Ley 075, esperamos que ayude a restablecer la institucionalidad en el país. Hay que trabajar mucho, es un paso, pero hay que seguir apoyando lo que siempre ha pedido la población boliviana: una restructuración total de la administración de justicia en Bolivia”, sostuvo Centellas.
Esta postura se da después de que Andrónico Rodríguez en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa promulgó la ley de cese de magistrados; sin embargo, la misma no fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado debido a que el Gobierno someterá a consulta la legalidad de estas acciones ante el propio TCP.
Centellas consideró que los autoprorrogados deben irse y que serán las nuevas autoridades las que deben definir qué pasa con las acciones que vienen llevando adelante los magistrados que aún se mantienen en sus cargos.
“Lo importante hay que dar punto final a este funcionamiento de los autoprorrogados eso está clarísimo que es anticonstitucional. Yo creo que siempre ha habido a lo largo de este tiempo cuestionamientos a todos los intentos de volver a la institucionalidad, especialmente en la justicia. Hay apoyar que existan las elecciones judiciales”, agregó el arzobispo.
Un fallo constitucional amplió el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura hasta tanto se elija a sus sucesores. (Con datos de Unitel)