El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado anunció que junto a un grupo de abogados presentará en septiembre próximo un planteamiento de reforma judicial vía referéndum ciudadano para iniciar los cambios que deben hacerse a la Constitución Política del Estado (CPE).
La exautoridad municipal manifestó que la participación de la población puede abrir paso a una reforma de la CPE para modificar, antes de 2023, la manera de elegir a los magistrados y jueces del Órgano Judicial.
“Ya no hay nada que esperar del Gobierno ni del Estado porque se ha archivado la reforma judicial y tenemos que encararlo desde la gente, desde la sociedad, desde la comunidad y por ello estamos trabajando con un grupo de abogados en un planteamiento de reforma vía referéndum constitucional para iniciar con las reformas imprescindibles que tienen que hacerse en la Constitución, vía referéndum ciudadano, vía iniciativa popular apelando a la democracia directa”, explicó Del Granado en entrevista con Cadena A.
El jurista apuntó que de acuerdo a la CPE, la propuesta debe estar respaldada por al menos un millón quinientas mil firmas, que supone el 20 % del electorado, para que se vaya al voto ciudadano.
“Con las firmas recabadas y con la propuesta elaborada, difundida y discutida podemos ir al voto ciudadano para hacer por lo menos las siguientes reformas constitucionales que son la parte inicial de mediano y largo plazo de una reforma judicial”, dijo.
El parágrafo II del artículo 411 de la CPE establece que la reforma parcial a la Constitución podrá iniciarse también por iniciativa popular con las firmas de al menos el 20 % del electorado. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”, se añade en la norma constitucional.
PLANTEAMIENTO
Para el jurista la reforma de la justicia debe pasar por independencia, mejor presupuesto, atribuciones al Consejo de la Judicatura, respeto a la justicia y revalorización a la justicia originaria – campesina.
“En primer lugar tenemos que buscar independencia, por lo tanto debemos cambiar la forma de cómo se eligen los jueces supremos porque el voto popular ha sido manoseado, degradado y desperdiciado por el hegemonismo del Movimiento al Socialismo (MAS)”, precisó.
Recordó que los magistrados fueron elegidos a través del voto popular, empero los candidatos eran carentes de méritos por lo que, a manera de rechazo, la ciudadanía votó en blanco o nulo, sin embargo los que obtuvieron mayoría están instalados desde el 2017, “supuestamente administrando justicia”.
En ese marco, acotó que la forma de elección de magistrados debe cambiar y debe primar los méritos, la experiencia y la calidad profesional.
“Tenemos que ver una manera distinta de elección donde sea la propia comunidad a través de sus representantes que seleccionen por concurso de méritos a los postulantes”, acotó.
Para Del Granado es necesario incorporar en la CPE que el tres o cinco por ciento del Presupuesto General de la Nación sea para la administración de justicia, porque el 0.5 % destinado actualmente es miserable.
“En tercer lugar tenemos que modificar las atribuciones del Consejo de la Judicatura, hay un retroceso en la Constitución del año 2009 porque el Consejo de la Judicatura ya no elabora el presupuesto judicial, otra vez son los jueces supremos los que lo hacen, manejando las arcas cuando solamente tienen que administrar justicia, hay que devolverle la atribución presupuestaria al Consejo de la Judicatura”, aclaró.
Asimismo, dijo que se debe enfrentar la falta de acceso y revalorizar a la justicia indígena – originaria que –en su criterio– está venida a menos en la propia Constitución porque está subordinada a la justicia ordinaria.
Aseguró que se tiene generar una justicia de paz. “Tenemos que poner en la CPE a los jueces de paz que son ciudadanos del distrito, del municipio, elegidos por la propia gente que utilizan el arbitraje, la amable composición mediante prácticas ciudadanas para evitar que todos tengamos que ir a los tribunales, a los jueces, a los abogados y depender de la chicana y la corrupción”, apuntó.
En ese marco, dijo que a nivel nacional existen 80.000 abogados aproximadamente, entre hombres y mujeres de una gran calidad humana y profesional.
“Cómo no vamos a poder seleccionar a los mejores para que sean los jueces supremos, los jueces departamentales y los jueces de sentencia. Somos como 80.000 abogados a nivel nacional y son 1.600 jueces y fiscales. Hay jueces y fiscales probos, lamentablemente son la excepción, por ello tenemos que ir a la reforma y hay con quién hacer la reforma en términos de justicia”, aseveró.