El Tribunal Supremo Electoral (TSE) con sus constantes acciones demuestra que no está a la altura de ser un órgano o poder del Estado. Es un árbitro sin personalidad alguna. Sus vocales, que conforman la sala plena a nivel nacional, aparte de ocupar esos cargos por favoritismo político del partido oficialista del MAS, no tienen autonomía en sus decisiones y están sujetos a lo que digan y qué tienen que hacer sus jefes superiores. (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Su presencia institucional es nula, no tiene sentido, no destaca con un trabajo técnico profesional de gran envergadura. Su credibilidad está en un nivel muy bajo, que no tiene una razón de ser. El dinero que se destina para sueldos de sus funcionarios a nivel nacional como departamental es un gasto insulso, ya que no justifican las labores que cumplen a favor de la profundización y madurez de nuestra democracia.
La gota que rebasó el vaso es que el TSE, ante algunos pataleos que dio, intentando hacer frente a la sentencia constitucional 0770/2024 para evitar las elecciones judiciales parciales, fijadas en un principio para el 1 de diciembre de este año, para luego cambiar para el 15 del mismo mes y pese haber convocado a una Segunda Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional el pasado 11 de noviembre y habiendo recibido total respaldo del Órgano Legislativo y de representantes de los partidos políticos asistentes, firmando, además, un documento de por medio, decidieron dar un paso atrás, obedeciendo a sus “jefes superiores” de la sala cuarta del TCP autoprorrogado. ¡Qué faltos de personalidad!
Horas después el TSE se retractó de lo que escribió con la mano, para luego borrar con el codo lo acordado en esa Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional. ¿En qué parte de la Constitución Política del Estado (CPE) se indica que dicho ente electoral debe llevar a cabo elecciones parciales?
Es muy preocupante que el cuarto poder (Órgano Electoral) esté siendo ninguneado por los otros tres poderes del Estado. Lo cual llega a debilitar mucho más de lo que está nuestra frágil democracia. Su imagen institucional está por los suelos, hasta el punto que nadie respeta sus decisiones electorales.
Un ejemplo de eso es que, los actuales postulantes a magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), infringen la normativa electoral de hacer campaña de difusión de méritos mediante redes sociales a su libre albedrío, cuando las mismas están totalmente prohibidas, quitándole todo formalismo y seriedad para su realización. Para el colmo, hasta ahora el TSE no realizo campaña alguna para saber quiénes son los postulantes a las elecciones judiciales y la ciudadanía sepa por quién votar. Y si la hizo, pasó muy desapercibida. ¿Dicha institución cuenta con un equipo profesional en el área de comunicación?
Al parecer el Órgano Electoral perdió todo control sobre la realización de las elecciones judiciales del próximo 15 de diciembre. Las cuales ya no tienen credibilidad, así como van las cosas. A este paso, nuevamente ganarán en las mismas el “Dr. Nulo” o el “Dr. Blanco”, como pasó en 2011 y 2017, porque la población asistirá a votar sin ningún tipo de información seria sobre los méritos de los candidatos que le permita elegir autoridades judiciales idóneas.
Por esto también se les debe preguntar a los candidatos judiciales: si de entrada infringen las normativas electorales acerca de lo que está prohibido, ¿qué será cuándo lleguen a ocupar esos altos cargos jerárquicos? Para muestra basta un botón.
A los miembros del TSE, se les debe hacer saber que en ninguna parte de la actual CPE se escribe que el TCP es un poder u órgano del Estado para que le tengan mucho miedo y mucho más si cumplieron ya su mandato sus magistrados “autoprorrogados”.
La injerencia del TCP sobre el Órgano Electoral en sus atribuciones y competencias de carácter exclusivo, los deja mal parados y los hace ver como unos simples “muchachos de mandado”, quitándoles esa alta jerarquía de autoridad que les otorga nuestra ley fundamental.
El autor es comunicador social.