Gobierno intenta ocultar la crisis negando acceso al PGE

Cuestionando las maniobras del Gobierno para negar un acceso oportuno al contenido del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, legisladores de oposición afirman que estás medidas tienen como único objetivo ocultar la crisis económica por la que atraviesa el país.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el hermetismo con que el contenido de este proyecto está siendo manejado, tanto por autoridades como por miembros de la Comisión Legislativa encargada de su análisis.
Para el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, el oficialismo nuevamente intenta retrasar lo más posible el tratamiento de esta normativa, tal como aconteció la gestión pasada con el presupuesto 2024.
“El año pasado, con una estrategia burda, evitaron e impidieron que las cámaras legislativas debatan este proyecto de ley, para después ponerla en vigencia con artilugios legales”, recordó el legislador en rueda de prensa.
En criterio del parlamentario representante del departamento de Oruro, es imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debata este presupuesto, en el marco de sus competencias establecidas por la Constitución Política del Estado (CPE), para así poder aprobar o rechazar la propuesta, en base a su contenido y los respaldos que se presenten.
Insistiendo en que primero es necesario contar con el proyecto del PGE 2025 y aplicar el respectivo análisis a su contenido, Urquidi adelantó que la bancada de CC no apoyará un proyecto que no esté acorde con la realidad del país y plantee medidas destinadas a paliar y revertir la actual crisis económica que afecta a la población boliviana.
“Primero necesitamos obtener la información, la vamos a analizar y debatir en la bancada. Lo que sí puedo decir es que no vamos a apoyar un PGE que vaya en contra de la realidad que están viviendo la mayoría de los ciudadanos”, aseguró el legislador, apuntando que no se puede permitir una profundización de la crisis y el despilfarro con la aprobación de un presupuesto que empeore la situación que viven los bolivianos.
Por su parte, la senadora cochabambina Andrea Barrientos, reprochó que autoridades e instancias legislativas encargadas de viabilizar el proyecto del PGE, nieguen el acceso al documento completo, demostrando así una intención para esconder la realidad económica del país y sostener los discursos del actual Gobierno.
“Tras semanas exigiendo el Presupuesto General del Estado, el Gobierno sigue negándonos el acceso. Su falta de transparencia evidencia el intento de ocultar la crisis económica, una realidad insostenible e imposible de disfrazar”, reprochó Barrientos, a través de sus redes sociales.
Desde el oficialismo, el senador Luis Adolfo Flores, cuestionó que hasta la fecha no se haya puesto en conocimiento de los parlamentarios, la totalidad del presupuesto 2025, observando que hasta la fecha se continúan agregando complementaciones y anexos a la norma en la Comisión de Planificación.
En criterio de Flores, estas acciones son irresponsables porque luego se tratará de forzar la aprobación del PGE-2025 sin que los miembros de las Cámaras Legislativas hayan tenido el tiempo suficiente para estudiar y analizar las disposiciones ahí contenidas, lo que posteriormente será un perjuicio para todo el país.
“Así nos han hecho aprobar en los últimos tres años, forzando a muchos parlamentarios”, dijo el senador, denunciando que varios de los cuestionados “anexos”, disponen la autorización para la venta de bonos a nivel nacional e internacional, cuando este tipo de transacciones no pueden ser autorizadas de esta forma.
En enero de este año, mediante la promulgación de los Decretos Supremos N°5094 y N°5095, el PGE 2024 entró en vigencia en cumplimiento a la Constitución Política del Estado que, en su artículo 158, numeral 11, establece que es atribución de la ALP: “Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la ALP dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.
Previamente, en diciembre de 2023, la Cámara de Senadores había observado tres artículos del proyecto, devolviéndolo a la Cámara Baja para su revisión, luego, pese al rechazo del pleno de la ALP, David Choquehuanca dispuso entrar en Receso Legislativo de fin de año, dejando pendiente su tratamiento.
La semana pasada, el diputado paceño Miguel Roca había asegurado que es urgente que el Parlamento trate el Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión, con la finalidad de conocer el estado de la economía nacional y afrontar la crisis provocada por la administración “masista” de las últimas décadas.
“El tema es que tenemos que discutir el presupuesto, tenemos que definir que va pasar con Bolivia y como se va afrontar esta deuda descomunal en la que nos han metido. El presupuesto es la herramienta principal que tenemos que discutir los bolivianos, sobre cómo vamos a salir de la crisis, si vamos a seguir con la subvención o no, si vamos a liberar la importación de carburantes o no”, señaló Roca.
Por lo señalado, reiteró que los bolivianos, mediante su representación en la ALP, deben tener la capacidad de poder debatir el PGE y que este tratamiento logre acordar la forma en que se va cambiar y revertir la crisis profunda por la que atraviesa el país.