Tras establecer en sus disposiciones finales el decomiso de alimentos y no permitir su almacenamiento, salieron comerciantes para criticar la propuesta, pues indican que el Gobierno desconoce el negocio y algunos diputados de la oposición expresaron su rechazo; mientras el analista económico Joshua Bellott dijo, en entrevista con medios de comunicación, que Bolivia ya es Venezuela al implementar esa medida, así como el control de precios, que sólo provocará especulación y alza de los precios.
“Si alguien creía que nos parecíamos a Venezuela, (estaban equivocados) pues ya somos Venezuela”, sostuvo Bellott a tiempo de indicar que esa medida no debía figurar en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
De acuerdo con medios internacionales, la aplicación del control de precios y el decomiso de alimentos con el objetivo de evitar la especulación y alza de precios, fue todo lo contrario, ya que los supermercados se vaciaron y la producción cayó en Venezuela.
En Bolivia, los comerciantes se pusieron en alerta, pues indicaron que los burócratas del gobierno, que trabajan sentados, no saben nada del comercio, por ello implementan normativas que son alejadas de la realidad, y lo único que provocará será mayor especulación, alza de precios y una caída de la producción.
Sostienen que como el gobierno no produce nada, difícilmente tiene conocimiento del proceso productivo y los costos que implica para el productor, ahora más que nunca en una coyuntura muy crítica por la falta de dólares y combustibles.
Argumentos
Bellott señaló que, en Venezuela, el Gobierno manejó el discurso de que grandes empresas y supermercados almacenaban alimentos para luego subir el precio y especular, cuyo anunció provocó incluso saqueos.
Explicó que se almacenan o guardan alimentos por dos razones, para protegerse ante un incremento de precios en el futuro y también para evitar desabastecimiento, pero al gobierno no le interesó estas razones racionales, cuyo resultado fue el desabastecimiento brutal de todos los productos en Venezuela.
La situación podría repetirse en Bolivia con similares medidas que aplica el gobierno, al no tener capacidad de enfrentar la crisis ni tampoco dar solución, y lo único que establece son medidas parches, según los economistas.
En el Presupuesto 2025, la subvención a los alimentos alcanzará una cifra de 750 millones de bolivianos, un incremento con respecto a la gestión 2024, en 50 millones.
Sin embargo, cada año se realiza inversiones, a través de sus programas manejados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, miles de millones de bolivianos, sólo en la presente gestión la cifra bordeó los 3.000 millones, pero no se conocen los resultados de tal inversión, pues la importación de productos vía legal o contrabando cubren la demanda interna.
Van a castigar a los que almacenan (alimentos), aseguró y sobre esto, alertó que la reglamentación podría autorizar el ingreso a las tiendas de los comerciantes para sacar la mercadería.
Es gravísimo esta disposición que no debería estar en el PGE 2025, ya que la misma podría empujar al abismo a la economía y agudizar la crisis económica, reflexionó.
Por su parte, el analista económico Gonzalo Chávez también observó la disposición del decomiso de alimentos y control de precios, al indicar que en el PGE 2025 introduce temas de control de precios, que tiene una visión policiaca de los ministerios.
Controlar toda la cadena de alimentos y toda la cadena productiva, así como reportar al estado todos sus precios, obedece a una profunda fiscalización de precios, con el objetivo de bajar el nivel de inflación, pero la inflación no se combate con la represión, señaló.
Sin embargo, el panorama para el próximo año es incierto debido a la escasez de divisas y combustibles, ambos necesarios para la producción de alimentos, y a la fecha la siembra de verano sólo alcanzó el 20%, y ya solo tienen un mes para cubrir los proyectado, 1,5 millones de hectáreas, de acuerdo a información de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Pero también el cambio de clima afectó a la producción.
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