El Gobierno optimista fija un aumento de los ingresos impositivos en 17%, sube el gasto corriente en 12% y reduce en menos de 5,8% la inversión pública, en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2025). El documento también muestra la continua caída de los ingresos por hidrocarburos, de acuerdo con el análisis de la Fundación Jubileo.
El analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, con respecto al proyecto del PGE 2025, señala que pone en riesgo las sostenibilidad de la economía nacional, al destinar mayores recursos al gasto público y fijar un 9,20% de déficit fiscal, similar al 2024, pero se estima que la cifra pase los dos dígitos, es decir, más de 10%.
“Gasto corriente sube, e inversión pública baja”, indica Martínez al analizar el Presupuesto 2025 y agrega que el país se encuentra en una difícil situación y la hipoteca establecida en el proyecto de las reservas de oro, podría ser complicado pagar, ante un panorama incierto de ingresos.
Por ello, para Jubileo el presupuesto deja un problema para el futuro, con más gastos, más deuda y dejará lo último de las reservas de oro en garantía al hipotecarlo.
La Fundación sostiene que el PGE proyecta un incremento significativo de los ingresos tributarios con relación al presupuesto 2024. “Si bien este incremento nominal de ingresos tributarios de 18% estaría, en parte, explicado por el aumento de la inflación (que para el 2025 se ha estimado en 7,5%), se estaría programando un incremento real de las recaudaciones; sin embargo, queda en cuestión si realmente se llegará a generar un aumento de las recaudaciones en el actual contexto económico complicado, de lo contrario el déficit real será mayor”, detalla.
El proyecto también muestra que los ingresos de la renta petrolera (Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Regalías) bajarán nuevamente, en un 15% para el próximo año respecto al 2024. Pero esta vez no sólo depende de los precios internacionales, sino por la caída de los volúmenes de producción, así como por la pérdida del mercado argentino.
La subvención a hidrocarburos llegaría a 15.156 millones de bolivianos, aproximadamente 50% más que en el presupuesto de 2024; también muestra el PGE mayor endeudamiento y por ello, autoriza créditos del Banco Central a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación (TGN), destinado a financiar obligaciones de corto plazo.
Al respecto, el analista económico Gonzalo Chávez, ya había alertado de ese préstamo anticipado y estimó que, posiblemente, era para pagar los aguinaldos del sector público o para deuda.
El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en entrevistas anteriores, lamentó que el Gobierno acuda a la deuda para pagar, lo que pone en riesgo a la economía nacional.
El proyecto de Ley del Presupuesto 2025 revela la desesperación del Estado por acceder a financiamiento, principalmente divisas. La propuesta autoriza la venta de bonos soberanos por valor de 3.000 millones de dólares de libre disponibilidad o para pagar deuda; también autoriza al BCB a poner en garantía las reservas de oro, las 22 toneladas; y un crédito de 400 millones de la CAF para atender choques externos o emergencia o desastre nacional.
“Se observa, un PGE más centralista, burocrático y donde el Gobierno nacional (y las entidades que dependen del mismo) administrarán y gastarán una gran parte del presupuesto estatal, convirtiéndose en el principal agente económico por lejos, lo que da a continuidad a su poder y ‘paternalidad’ económica y política”, apunta Romero.
Si hacemos una breve comparativa, el PGE destinado a los órganos del Estado, representa 34 veces más que de las 9 gobernaciones en su conjunto de Bolivia. El presupuesto para todos los municipios del país solo representa el 6% del total asignado a los tres órganos. Finalmente, respecto a las universidades públicas, su presupuesto total es 46 veces menor haciendo la misma comparativa, explica.
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PGE 2025 prioriza gasto corriente y reduce la inversión pública
> Bajarán las regalías hidrocarburíferas en 15%, de acuerdo al proyecto presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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