Las elecciones judiciales en Bolivia, concebidas en teoría como un mecanismo de legitimación ciudadana en la selección de autoridades judiciales, han revelado ser un instrumento para perpetuar un sistema profundamente cuestionable. Bajo un velo de retórica democrática, este proceso se ha convertido en una herramienta para consolidar el control del partido de gobierno sobre la justicia. Lo que aparentó ser un ejercicio de participación ciudadana resultó, en esencia, una parodia de la democracia, destinada a disfrazar la prostitución de un sistema judicial ya en crisis.
La democracia en Bolivia enfrenta un reto crucial: su instrumentalización al servicio del poder político. El filósofo inglés, Roger Scruton, advertía sobre el uso de la “neolengua” como herramienta de manipulación en regímenes totalitarios. En Bolivia, este concepto encuentra un correlato evidente: un lenguaje ambiguo y contradictorio que oculta intenciones reales y confunde a la ciudadanía. Las autoridades electorales no escapan a esta práctica, presentando un discurso repleto de contradicciones sobre la obligatoriedad del voto, lo que generó incertidumbre y miedo entre los ciudadanos.
La obligatoriedad “voluntaria” del voto es un ejemplo emblemático. Muchos ciudadanos asistieron a las urnas no por convicción, sino por temor a sanciones económicas. Este miedo se convirtió en el principal motor de participación, validando, indirectamente, un sistema judicial cuyo objetivo parece ser la perpetuación de intereses políticos y no la administración imparcial de justicia. Es así como el índice de participación ciudadana se convierte en un número vacío, utilizado como argumento para legitimar un sistema que carece de confianza y transparencia.
El papel del Órgano Electoral es particularmente preocupante. Su falta de independencia, sus constantes contradicciones y su incompetencia en la gestión del proceso electoral revelan su subordinación al partido de gobierno. Lejos de ser un garante de transparencia, esta institución parece operar como un engranaje más en la maquinaria de control político. Esto no solo socava la confianza ciudadana, sino que también pone en evidencia la precariedad institucional del país.
Por otra parte, el rol de la ciudadanía en este contexto resulta crucial, siempre y cuando sea pasiva. Una población sumergida en la ignorancia y la apatía se convierte en terreno fértil para la manipulación. La falta de cuestionamiento crítico frente a procesos tan evidentes como las elecciones judiciales demuestra una alarmante desconexión con la realidad política del país. Esta actitud, lejos de ser inocente, contribuye a consolidar un sistema de injusticia y abuso.
El retraso en el escrutinio de los votos es un reflejo más de este descalabro. Lo que debería ser un proceso transparente y eficiente se transforma en una caja negra, manejada entre bastidores, sin rendición de cuentas ni presión ciudadana. El silencio colectivo frente a estas irregularidades no es más que otro síntoma de la enfermedad democrática que atraviesa Bolivia.
En este contexto, la “neolengua” de Scruton encuentra un terreno fértil. La retórica funcional y contradictoria logra desviar la atención de los problemas estructurales del país, instalando una narrativa que normaliza la corrupción, el abuso y la injusticia. La instrumentalización del lenguaje no solo manipula, sino que desactiva la capacidad de la sociedad para cuestionar y resistir.
Las elecciones judiciales en Bolivia no solo reflejan la crisis de la justicia, sino también de la democracia misma. Es hora de cuestionar la legitimidad de estos procesos y exigir reformas profundas que garanticen la independencia de las instituciones y el respeto a los derechos ciudadanos. Sin ello, el país seguirá atrapado en un círculo de desconfianza y opresión.
Es un desafío monumental, pero no imposible. La historia ha demostrado que los cambios estructurales sólo son posibles cuando la sociedad decide enfrentar sus problemas con honestidad y determinación. Bolivia no puede permitirse seguir legitimando la prostitución de su justicia bajo el disfraz de una democracia manipulada.
En conclusión, las elecciones judiciales no son más que una fachada para perpetuar un sistema corrupto y servil al poder político. Sólo una ciudadanía consciente y activa podrá romper esta cadena de opresión y construir un futuro basado en la justicia, la transparencia y la verdadera democracia. El cambio comienza con cada uno de nosotros.
El autor es teólogo, escritor y educador.