El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma: “más de 1.000 presos políticos pasarán otra Navidad en las cárceles de Cuba, una realidad que la comunidad democrática internacional no debe olvidar. Entre ellos, ancianos y hombres y mujeres en condiciones severas de salud. Todos son inocentes porque sus supuestos delitos fueron manifestarse pacíficamente o protestar en redes sociales”.
Así comienza el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que reclamó “la inmediata liberación” de todos los presos políticos en la isla, el cese de las detenciones arbitrarias y del acoso contra los activistas de derechos humanos.
CASO JOSÉ DANIEL
FERRER
El reporte hace hincapié en la represión masiva del régimen de Miguel Díaz-Canel contra la población civil y pone el foco en el caso de José Daniel Ferrer, uno de los presos políticos más emblemáticos de Cuba.
El activista Manuel Cuesta Morúa presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular en el que mostró su desacuerdo con la decisión de ese órgano, de no tramitar el procedimiento de habeas corpus a favor de Ferrer y exigió que así se haga.
“La respuesta de ellos no se atiene a la ley, tergiversa los términos establecidos por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba para devolver en 2021 a José Daniel Ferrer a prisión. Por ello considero que este preso político, que lleva 124 días de encierro ilegal, debe ser liberado ya”, aseveró Cuesta Morúa.
Un comunicado público emitido por el Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), del que Cuesta Morúa es vicepresidente, señaló que “el documento de respuesta del Tribunal tiene fecha de 5 de diciembre, cinco días posteriores a las 72 horas que establece la ley 143 para procesos sumarios, y luego de presentado un recurso de no dilación el día anterior al Tribunal Supremo”.
ACTIVISTA LLEVA
SEMANAS DETENIDO
El informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala también que el activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Misael Espinosa Puebla, fue detenido el pasado 6 de diciembre en la ciudad de Bayamo y las autoridades del régimen lo acusan de “atentado”, según denunció la defensora de Derechos Humanos, Ana Belkis Ferrer.
Espinosa Puebla se encuentra recluido en la unidad policial Los Caballitos de esa localidad. Su hija Leydis Espinosa declaró que, aunque ella no se encuentra en Bayamo, personas cercanas le explicaron que, un día antes de la detención, su padre tuvo un intercambio con policías que estaban acosándolo porque es carretillero (vendedor privado ambulante).
JOVEN DETENIDO
EN JIMAGUAYÚ
El Observatorio indicó que un joven cubano, detenido por exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en el municipio de Jimaguayú, Camagüey, se encuentra “plantado” en prisión, de acuerdo a lo que denunció su esposa.
Nelson Caballero Díaz, arrestado el pasado 18 octubre, se encuentra “plantado” en la prisión Cerámica Roja, de la provincia camagüeyana.
La esposa agregó que Caballero Díaz, de 24 años y padre de dos niños, “no está comiendo nada”. Días después de su detención, este joven aseguró preferir morir antes que permanecer preso por una causa injusta.
DAMAS DE BLANCO EN PRISIÓN
La Seguridad del Estado amenazó con abrir nuevos procesos penales a las presas políticas Saylí Navarro y Sissi Abascal, encarceladas por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021, en la prisión de mujeres La Bellotex.
“El domingo 8 de diciembre fue detenida la Dama de Blanco Lázara León, en Perico, por el miembro de la Seguridad del Estado, Orlando Figueroa. Le advirtió de que se quitara de las Damas de Blanco porque podría ser encarcelada como Saily Navarro y Sissi Abascal”, relató la madre de Navarro, Sonia Álvarez Campillo.
“Le dijo que ellos (los agentes de la policía política) les pueden fabricar a las dos Damas de Blanco una causa dentro de la prisión, para que se complicaran más, y les podrían echar más años”, manifestó.
La “fabricación” de nuevas causas a presos políticos es un mecanismo de intimidación utilizado, frecuentemente, por la Seguridad del Estado.
PRESO POLÍTICO ANDY GARCÍA
Otro caso que menciona el informe es el del preso político Andy García Lorenzo, quien cumple una sentencia de cinco años de privación de libertad en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, por participar en las protestas de julio de 2021.
Su hermana Roxana García Lorenzo informó en Facebook que abandonó la huelga de hambre luego de 16 días. La joven, radicada en Alemania, señaló que el prisionero del 11J depuso la huelga a petición de sus padres, y describió sus condiciones físicas como “deplorables”.
“En el día de ayer, mis padres pudieron ver a mi hermano. Él estaba en unas condiciones deplorables”, explicó García Lorenzo. Contó que una amiga de la familia que pudo acudir a la visita vio al prisionero y “tuvo que salir a vomitar”, debido a la apariencia del joven.
ACTIVISTA PIDIÓ LIBERAR PRESOS
El activista norteamericano John McAuliff sugirió la liberación de los presos políticos del 11J en un evento del régimen sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, celebrado esta semana en La Habana.
Las palabras fueron expresadas durante la 22° edición de la serie de conversaciones “Cuba en la política exterior de Estados Unidos de América”, efectuada en la capital de la isla, con la presencia de altos funcionarios del régimen, entre ellos, los viceministros de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío y Josefina Vidal.
Dentro de un discurso complaciente con La Habana, afirmó el Observatorio, McAuliff con una larga trayectoria de cercanía al régimen cubano, expresó que él sugería “resolver el problema de los prisioneros de julio, iniciando algo por parte de Cuba para liberarlos, mientras todavía exista la posibilidad de que sean bienvenidos en los Estados Unidos”.
ARRESTO DOMICILIARIO A KIRIAM GUTIÉRREZ
El régimen cubano impuso un arresto domiciliario a la actriz y activista, Kiriam Gutiérrez, para que no asistiera al estreno de su película “Matar a un hombre”, censurada durante el 45º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
La artista señaló que recibió la llamada de un agente de la Seguridad del Estado. “Con un tono de amenaza me dijo que yo debía de apartarme del film”, contó; sobre un cortometraje realizado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
“Considero que esto es una represión política, que yo tengo derecho como actriz y como cineasta de defender mi película, de defender el cine que hago y de, por supuesto, acudir a los espacios donde se proyecta mi trabajo”, concluyó Gutiérrez, quien es coprotagonista del film de 12 minutos. (Infobae)