Rusia intensificó su política migratoria en 2024, expulsando a más de 80.000 extranjeros por violar la legislación migratoria, según el Servicio Federal de Alguaciles Judiciales. Esta cifra casi se duplicó en comparación con 2023, cuando 44.200 personas de unos 60 países fueron expulsadas por la fuerza. La mayoría de los expulsados en 2024 eran ciudadanos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), sobre todo de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. A partir del 5 de febrero, el procedimiento de expulsión de extranjeros indocumentados no requerirá una decisión judicial.
Las medidas drásticas se tomaron tras el mortal ataque ocurrido en marzo de 2024 en el recinto de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que causó 140 muertos. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que ordena a los inmigrantes ilegales legalizar su estatus o abandonar Rusia antes del 30 de abril de 2025. Además, se promulgaron varias leyes nuevas para controlar la migración ilegal y se estableció un registro de «personas controladas».