Ante las declaraciones del presidente Luis Arce sobre el boicot que estarían aplicando arroceros, azucareros y ganaderos, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, aseguró que la vocación del sector es productiva y no conspirativa, rechazan la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza la intervención y el decomiso de productos.
La CNI ratifica su rechazo a la disposición adicional séptima del PGE para la presente gestión. “Creemos que la norma dispone la confiscación arbitraria y decomiso de productos”, señaló Camacho, quien descartó cualquier invitación para reglamentar la normativa, más bien solicitó su derogación.
“Solicitamos su derogación inmediata por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE), como ser el trabajo, comercio, industria, propiedad privada, patrimonio, entre otros”, apuntó.
Hace unos días, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Eduardo Olivo, cuestionó a través de un comunicado, que el Gobierno nacional haya aprobado el Presupuesto General del Estado 2025 de manera unilateral y sin consenso, en el que está incluida la disposición adicional séptima, que otorga facultades al Estado para activar acciones de comiso de productos a quienes pretendan encarecer los precios.
“Incluso, consideró que con ese tipo de normas se quiera ‘asfixiar’ a los empresarios, quienes apuntan el origen del alza de los precios de los productos y alimentos, al tipo de cambio y la irregular provisión de combustible en el país”, señaló.
En la semana, también se pronunciaron varios sectores económicos liderados por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que indicaron que la producción y la oferta de productos no están en función de amenazas, restricciones e intervenciones.
“Por el contrario, la realidad nos muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos”, señala el comunicado conjunto de varios sectores económicos.
Inseguridad
Por su parte, Camacho instó al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa a no profundizar el clima de inseguridad jurídica, que ahuyenta las inversiones nacionales y extranjeras, en detrimento de la economía nacional.
Lamentó que en un escenario, en que urge aumentar la producción y exportar, se presenten normativas, que sólo provoquen zozobra, y Bolivia necesita hoy en día certidumbre.
Alertó que esos aspectos pueden interrumpir el aparato productivo. “No se puede continuar sobre regulando y asfixiando al sector formal, menos a crear un entorno propenso a la arbitrariedad y la extorsión por mala interpretación de la normativa, o funcionarios públicos, que de acuerdo al buen humor, puedan provocar extorsión”.
Aseveró que lo único que esa norma va a generar es incentivar la informalidad. “Es importante aclarar que el agio está tipificado en código penal, artículo 226, así como el contrabando, ambos son delitos que generan distorsión de precios e inflación”, reflexionó.
Presidente Arce
El presidente Luis Arce indicó que enfrenta una “guerra especulativa” y apuntó a productores de arroz, aceite, carne de res y pollo.
Al respecto, Camacho dijo que la vocación de los industriales es productiva y no conspirativa, “nuestra posición es totalmente institucional, gremial y apolítica”.
Finalmente, pidió una lucha más agresiva contra el contrabando, que sólo en combustibles, representa unos 600 millones de dólares al año; mientras que la actividad ilegal, anualmente, pasa los 3.000 millones.