La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su extrañeza por la indiferencia del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de los representantes de los distintos sectores y gremios afectados con la aplicación de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, por lo que se declaró en emergencia.
Puntualizan que las empresas que se dedican al comercio formal no pueden ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa, por funcionarios públicos que con esta disposición pueden secuestrar mercadería de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios mayores de los que ellos consideran justos.
En ese marco, la disposición Séptima del PGE 2025, que no fue consensuada previamente con nuestro sector, que es el más afectado y vulnerable, violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho.
“Demandamos que el Gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance del problema”, según el reporte.
Entretanto, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, manifestó que está en manos de la Asamblea Legislativa definir el futuro o eliminar esta disposición de la ley financial.
Algunos sectores expresan su preocupación por las determinaciones similares a los que se aplicaron en Venezuela. Durante el gobierno de Hugo Chávez fueron expropiadas casi 1.200 empresas en diez años.