El conflicto por el predio del mercado Mutualista de Santa Cruz continúa, toda vez que ayer se conoció que la Fiscalía admitió una denuncia contra el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, por el presunto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa.
En este caso, el ciudadano Nelson Crapuzzi alega ser propietario del terreno donde está ubicado el popular centro de abastecimiento de la capital cruceña; sin embargo, los abogados de los comerciantes aseguran que los documentos presentados por la parte contraria son adulterados.
“Se dispone la admisión de la presente denuncia contra Max Jhonny Fernández Saucedo por la presunta comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa o Inconstitucionalidad, (…) debiendo remitirse antecedentes a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción a efectos de que se inicie la investigación correspondiente”, señala el documento difundido por Unitel.
La Fiscalía admitió una denuncia contra el burgomaestre por el delito mencionado, según está previsto en el artículo 179 bis del Código de Procedimiento Penal, donde se establece que “el funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones judiciales, emitidas en procesos de hábeas corpus o amparo constitucional, será sancionado con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días”.
Sin embargo, la denuncia solo fue admitida por la Fiscalía y aún se aguarda la emisión de un fallo, según se lee en la resolución.
El abogado de Crapuzzi, Waminqa Serrano, aseguró que el fiscal de Materia tiene 20 días para pronunciar una determinación. El jurista agregó que, de todas maneras, la autoridad edil debe ser citada a brindar su declaración: “En este delito de incumplimiento hay flagrancia, deberían aprehenderlo y ponerlo ante un juez”, refleja la red televisiva.
Un fallo a favor de la familia Crapuzzi, emitido en diciembre de 2024 por la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, ordenó a la Alcaldía cruceña extender el plano de uso de suelo y certificado catastral a favor del privado, aunque la comuna asegura que esto no garantiza el derecho propietario de un privado.