El Chapare es de Bolivia y el Estado debe retornar a la zona

Recordando que la región del Chapare es parte de Bolivia y cuestionando las recurrentes amenazas expresadas por dirigentes y legisladores del ala “evista” en el Movimiento al Socialismo (MAS) sobre la defensa de su líder, incluso con actos de violencia, el exdiputado Amílcar Barral afirmó que ya es tiempo de que el Gobierno vuelva sentar presencia del Estado en esta zona del país.
En declaraciones a medios de prensa en kilómetro cero, Barral destacó el reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el que se ratificó una Resolución Constitucional que prohibió a Evo Morales y el “evismo” convocar a bloqueos o cortar la circulación vial en las carreteras del país en febrero de 2024, afirmando que con esta disposición se abre la posibilidad de recuperar aquellas zonas controladas por grupos radicales del MAS.
Para el exparlamentario, uno de los efectos inmediatos de este fallo debe ser volver a sentar presencia del Estado en regiones como el Trópico de Cochabamba, convertido durante décadas en una zona donde se evade el cumplimiento de la ley y lugar elegido por algunas personas para escapar de la justicia.
“Yo creo que el Gobierno debe volver a sentar la presencia del Estado en el Chapare, si bien esta zona ha sido tomada por los cocaleros, ‘masistas’ y hasta por narcotraficantes, la región del Trópico pertenece a Bolivia”, precisó Barral.
En ese sentido, lamentó que, en la actualidad, autoridades de justicia y la propia fuerza pública no logren ingresar a esta zona para aprehender a personajes como Evo Morales, Juan Ramón Quintana y otros dirigentes del “masismo” radical, responsables por asumir medidas de presión que dañaron la economía del país, instigar a la violencia, generar escenarios de convulsión y hasta por delitos contra menores de edad.
“¿Cuál es el miedo?, no entendemos por qué los bolivianos tenemos que seguir aguantando a varios dirigentes que amenazan tranquilamente con ejercer violencia, incursión de fuerzas de elite y otras amenazas contra la seguridad del Estado”, sostuvo.
Esperando que con el nuevo fallo ratificatorio del TCP contra los bloqueos y movilizaciones “evistas”, las fuerzas del orden y el Ministerio Público puedan retomar el control del Chapare, Barral reiteró su pedido para que el Estado boliviano vuelva sentar soberanía en el Chapare.
Esta semana, Barral había anunciado la ratificación del Tribunal Constitucional Plurinacional a la Resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, con la que se prohíbe a Morales y sus seguidores llamar a bloqueos o provocar cortes de circulación vial en las carreteras del país.
Dicha disposición concede tutela “en parte”, respecto a Evo Morales Ayma y los dirigentes del Movimiento al Socialismo, por la lesión del derecho al espacio público, en los mismos términos dispuestos anteriormente por la Sala Constitucional ya referida.
“Evo Morales y el MAS nunca más podrán bloquear el país ni a los Bolivianos. El TCP en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la CPE, resuelve confirmar la Resolución 040/2024 de 16 de febrero. Lo logramos”, publicó el exparlamentario a través de sus redes sociales.
En febrero de 2024, la resolución 040 de la Sala Constitucional Cuarta exhortó al líder cocalero y a los dirigentes del MAS “no atribuirse la representación de derechos civiles y políticos de la sociedad”, y no afectar el ejercicio de derechos fundamentales de otros miembros de sociedad. Asimismo de no promover ni incitar la realización de bloqueos de caminos que afecten la transitabilidad y provoquen daños en carreteras.
Dicha resolución también instruyó al Ministerio de Gobierno tomar acciones necesarias “para garantizar que las vías, caminos y carreteras permanezcan habilitadas” y al Ministerio Público constituirse en los puntos de bloqueo para iniciar “acciones penales” contra Morales.
En criterio de Barral, tras la ratificación de este fallo, Morales y el “masismo” están impedidos de volver a bloquear el país y además se sienta un importante precedente para poder limitar los bloqueos de caminos como medida de protesta que, si bien puede ser legítima, termina afectando a terceros y provocando graves daños a la economía nacional.
“Por ahora se tiene el respaldo del Tribunal Constitucional, la máxima entidad disponiendo que no puede haber bloqueos”, concluyó.