Más préstamo para pagar deuda e importación de combustibles

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 a parte de los ingresos propios, requerirá un financiamiento de 17,5 mil millones de dólares para cubrir los gastos que están incluidos en el mismo. El documento establece una emisión de bonos soberanos de 3.000 millones, además siguen acumulando créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación de más de 1.600 dólares. Ante este panorama, economistas observaron la propuesta gubernamental, pues aumenta el gasto corriente y se agudiza la crisis económica, debido a que quiere pagar deuda con más deuda.
Entre sus objetivos principales del PGE 2025, busca garantizar la estabilidad macroeconómica, profundizar la industrialización con sustitución de importaciones, potenciar la productividad, fortalecer la educación y la salud gratuita e invertir estratégicamente en los sectores minero e hidrocarburífero, según una publicación del diario oficial del Gobierno, de principios de año.
Sin embargo, hace unos días, los pequeños y microempresarios denunciaron que el Gobierno adquirió gorras de origen chino, lo que provocó malestar en los emprendimientos económicos, pero la sustitución de importaciones va para atrás, a pesar de la propaganda política.
En su momento, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indicó que el gobierno con la solicitud de préstamos, sólo busca pagar deuda con más deuda y para el gasto corriente, en especial para la compra de combustibles.
Como se recordará el año pasado, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que los recursos por la venta de oro, se destinó al pago de la deuda externa, la importación de combustibles u otros gastos.
Las Reservas Internacionales a diciembre de 2024 alcanzaron los 1.976 millones de dólares, de los cuales el oro lidera con más del 90% y la divisa estadounidense registraba 47 millones.
Romero reflejó, en su momento, que de los 17,5 mil millones de dólares de deuda, el 80% sería interna y 20% externa.
Casi cada semana, las autoridades del sector económico presentan nuevos créditos que se envían a la Asamblea para su aprobación; y la semana pasada, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que hay posibilidad de que en Bolivia se presente un terremoto, por ello exhortó a los asambleístas aprobar 250 millones de dólares para tomar los recaudos necesarios y prepararse.
Fuera de las normas
Los economistas ya indicaron que el Gobierno se quedó sin dinero y dejó de ser solvente, a pesar del rechazo de las autoridades a estas afirmaciones, pues la urgencia de aprobar créditos y emitir bonos soberanos, así como establecer como garantía las reservas de oro para dicho procedimiento, sólo muestra la desesperación de las autoridades por recursos.
En ese contexto, el exministro de Planificación, Ramiro Cavero, advirtió ayer que la emisión de bonos soberanos basada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, para captar unos 3.000 millones de dólares, es inconstitucional, de acuerdo con la nota de Erbol.
Según explicó, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante la sentencia SCP 0054/2019 del 4 de octubre, estableció que una Ley de Presupuesto, con vigencia anual, no puede modificar una ley permanente, como la Ley del Banco Central de Bolivia.
Además, observó que dicha norma permite al Ejecutivo autorizar el endeudamiento, pese a que la Constitución otorga esa atribución exclusivamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación, advirtió, genera incertidumbre entre potenciales compradores de bonos, ya que el Gobierno pretende financiar la compra de combustible con esos recursos.
Cavero señaló que el panorama financiero es complejo, con un déficit presupuestado cercano a los 5.000 millones de dólares, 9,2% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y sin otras fuentes claras de financiamiento. En caso de no obtener los 3.000 millones de dólares proyectados, alertó sobre un agravamiento de la crisis.
El exministro también cuestionó la intención del Ejecutivo de autorizar al Banco Central de Bolivia (BCB) para usar reservas de oro como garantía y emitir bonos por 2.000 millones de dólares. Aunque esto podría generar un influjo significativo de dólares, dejaría al país con reservas prácticamente agotadas. Detalló que, incluso si se logran emitir los bonos, las presiones sobre el tipo de cambio, la escasez de dólares y combustible persistirían.
Datos
La gestión pasada, la economía nacional cerró con una inflación de casi 10%, una ejecución de la inversión pública de al menos del 60% y un déficit fiscal, que podría repetirse o pasar lo del 2023, de casi 11%.
No se habría alcanzado las estimaciones de crecimiento del Gobierno de 3,71%, sino la cifra se aproxima a las proyectadas por los organismo internacionales, de menos de 2%.
Para la presente gestión se fijó un crecimiento menor de 3,51%, una mayor inflación de 7,5%, una menor inversión pública de 4.024 millones de dólares y nuevamente un déficit de 9,2%.
En tanto, los economistas advierten que mayor endeudamiento también afectará a la próxima administración que ingrese al Gobierno, luego de las elecciones de agosto, en cuya fecha se deberá elegir nuevo Presidente y Vicepresidente, así como asambleístas.
Los datos internacionales señalan que Bolivia tiene el PIB percápita más bajo de la región de América Latina y va retrocediendo en sus indicadores.