De acuerdo con una investigación de la revista Nómadas, la empresa Caza & Safaris Argentina de Jorge Néstor Noya ofrecía paquetes turísticos de safaris y caza de animales silvestres en áreas protegidas de Bolivia, en las que cobraba hasta $us 50.000 por un jaguar. Los responsables de este crimen contra la fauna silvestre boliviana fueron denunciados ante la Fiscalía por un grupo de defensores ambientalistas, entre ellos el guardaparques Marcos Uzquiano, en diciembre de 2024.
Desde los años 80, la empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían la caza de jaguares en el oriente boliviano. La investigación del periodista boliviano, Iván Paredes Tamayo, señala que Jorge Néstor Noya es un nombre bien conocido en su país porque enfrenta acusaciones por asociación ilícita, provisión ilegal de armas de fuego, maltrato animal y depredación de fauna silvestre.
Acusado de ser el principal artífice del caso más grande de tráfico de fauna silvestre en esa nación, el cazador habría expandido su negocio hasta Paraguay, Brasil e incluso a algunos países de África bajo detención domiciliaria en Buenos Aires, según el reportaje disponible en la página web revistanomadas.com.
También fueron identificados otros seis implicados que aún esperan audiencias de medidas cautelares en la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora, Buenos Aires, agrega el medio.
De acuerdo con la investigación, Noya habría comandado más de 30 viajes ilegales al oriente boliviano, donde se perpetró la caza irrestricta de varios ejemplares de jaguares bolivianos, además de otras especies autóctonas de Argentina en territorio del vecino país.
La caza sin permiso (con armas de fuego) tiene penas de cuatro a 15 años de prisión y la asociación ilícita, de entre tres y 10 años de cárcel.
Noya ingresó ilegalmente desde Brasil con clientes, mayormente españoles y estadounidenses, quienes eran alojados en sitios exclusivos en Argentina antes de ser trasladados a Cáceres, la frontera con Bolivia.
La Policía incautó 44 armas de fuego y más de 7.950 piezas de animales disecados durante los allanamientos en Argentina. Según los informes, los animales cazados eran disecados en talleres ilegales y enviados a los países de los clientes. Fotografías obtenidas muestran a Noya y sus clientes posando junto a los animales muertos desde su juventud.
Entre las conversaciones interceptadas del acusado, destaca una que mantuvo con un cliente panameño interesado en cazar un jaguar, al que se refería como “bicho que come caballos”. Al no poder realizar la caza en Argentina, Noya le ofreció hacerlo en Bolivia, ingresando ilegalmente en avioneta desde Brasil.
DENUNCIA EN BOLIVIA
En diciembre de 2024, el caso fue denunciado ante el Ministerio Público por Lisa Corti, del Colectivo Llanto del Jaguar; el guardaparques, Marcos Uzquiano; y el abogado ambientalista, Rodrigo Herrera.
Según Uzquiano, Noya y el cazador español, Luis Villalba Ruiz, ingresaron en septiembre de 2023 al Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI San Matías), donde Villalba mató a cinco jaguares bajo organización del club Caza & Safari Argentina.
Uzquiano, quien conoció la red criminal en un encuentro ambientalista en Bahía, Brasil, también tuvo conocimiento del operativo de la Policía Federal Argentina que desmanteló esta red de cazadores captados por medio de la página web de la empresa biocida.