Política de “cielos abiertos” debe terminar con monopolio de BoA

Tras un nuevo percance sufrido por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) con una de sus naves en el aeropuerto de Cochabamba, Cecilia Requena Zárate, senadora por La Paz, aseguró que el monopolio de la aviación comercial en el país es un problema serio para la seguridad de los usuarios y para el desarrollo del turismo, situación que demanda la implementación urgente de una política cielos abiertos.
“Tenemos un problema serio y estructural en BoA, que no pasa solo por poner en riesgo la vida de las personas, sino también representa un perjuicio enorme (al turismo) porque termina siendo un tapón para que no haya conectividad (aérea) en nuestro país”, sostuvo.
Según la legisladora paceña, el monopolio alrededor de esta empresa estatal ha generado una gran afectación al sector turismo e impide que empresas aéreas del sector privado ingresen al mercado boliviano para brindar un servicio mejor y competitivo en beneficio de los usuarios.
“La gente que viaja y quiere venir a Bolivia no puede creer lo caro y difícil que es llegar al país y eso es, en parte, porque BoA funciona como un mercado monopólico que impide a otras aerolíneas tener mejor servicio, mejores horarios, a mejores precios y encima ponen en riesgo la vida de las personas”, cuestionó Requena.
En este sentido, lamentó que en el país no se cuente con una “política de cielos abiertos” en la que se establezca una libre competencia, permitiendo a cualquier empresa poder disputar con sus similares las rutas y las frecuencias de vuelos en los cielos del país.
“Tal vez esto no sea viable inmediatamente pero sí se puede gestionar que sea una especie de avance a hacia esta política”, afirmó la parlamentaria de oposición, resaltando que esta posición es constantemente propuesta por el sector turismo, sin recibir alguna respuesta favorable por parte de autoridades.
Si bien esta propuesta apunta a buscar una solución estructural al problema de la aviación comercial en el país, Requena dijo que en el caso específico de BoA, es urgente que desde la Contraloría General del Estado (CGE) se ejecute una auditoría sobre esta empresa, en busca de respuestas a todos los cuestionamientos y reclamos expresados por usuarios desde hace bastante tiempo.
“No existe mucha confianza en nuestras instituciones de control, pero eso es lo que se debe hacer como un paso adicional para las investigaciones que seguramente, en algún momento, se van a realizar con respecto a todo el manejo que se ha hecho de una empresa monopólica que, por tanto, debería estar en muy buena situación económica y, sin embargo, no da un buen servicio”, agregó.
El lunes por la tarde, debido al incendio en uno de sus motores, una aeronave de BoA tuvo que abortar su despegue en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, evacuando a 137 pasajeros y 7 tripulantes, cuyo destino era la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El hecho fue denunciado por los propios pasajeros, quienes mediante videos difundidos en redes sociales expusieron una situación extrema con personas tratando de salir de esta aeronave en medio de gritos de angustia y desesperación.
Posteriormente, a través de un comunicado, la estatal Boliviana de Aviación explicó que todos los pasajeros fueron atendidos en la sala internacional del aeropuerto de Cochabamba para su valoración y reprogramación de sus vuelos.
Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, denunció que el motor del avión de la aeronave implicada en este incidente se encontraba a medio reparar, por lo que demandó a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio sobre esta irregularidad.
“Denunciamos que BoA puso en circulación una aeronave, cuyo motor estaba en proceso de reparación. En una revisión hecha al sistema de contrataciones de esta empresa, pudimos encontrar el contrato de reparación de motor de la aeronave CP-2923, la misma que el lunes tuvo el incidente en el aeropuerto de Cochabamba al incendiarse su motor”, indicó la legisladora, precisando que dicho informe recomienda al responsable del proceso de contratación en el exterior, autorice la extensión del servicio de reparación del motor de la aeronave B737-700 CP-2923 hasta el 31 de enero de 2025.
Ante esta evidencia, la legisladora observó que se hubiera puesto en operación un avión cuyo motor estaba a medio reparar. En tal sentido, pidió la destitución del gerente general de BoA, Ronald Casso, y que el Ministerio Público inicie una investigación por un accionar al que calificó como “criminal”.
Ayer, en declaraciones a Erbol, Casso informó que se ha iniciado una auditoría internacional a la aerolínea estatal, donde se examinará todo su sistema, mismo que se prolongará hasta por tres meses.
La evaluación que se realiza en BoA se denomina IOSA (Auditoría de Seguridad Operativa de la IATA, por sus siglas en inglés). Dicho programa genera un estándar a nivel internacional en la evaluación los sistemas de control y gestión operativa de una aerolínea.
“Ya hay un equipo internacional dispuesto para hacer un examen de todo el sistema de BoA”, puntualizó.
Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), su director, Iván García, detalló sobre el inicio de una investigación de este incidente, con la finalidad de conocer sus causas, adelantando que en un plazo de 30 días se dará a conocer un informe preliminar.