Ampliado multisectorial determina paro movilizado a partir del 10 de febrero

El ampliado multisectorial, reunido en Sucre, mantiene su posición de pedir la derogación de la Disposición Séptima del PGE 2025 y anuncian un paro movilizado para el 10 de febrero, además presentarán un proyecto de ley para su derogación en los próximos días.
La cadena productiva planteó que el Ejecutivo y Legislativo viabilicen el pedido, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yucra, dijo que el artículo busca mejorar el control de precios.
Ayer, el ampliado multisectorial, realizado en Sucre, determinó siete puntos, ante la falta de respuesta de parte del Gobierno nacional, así como del Legislativo, respecto a la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Exigen al Poder Ejecutivo realizar gestiones inmediatas para la derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025; también plantean que el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Nacional, ponga sus buenos oficios de inmediato para derogar dicha disposición; en los próximos días, presentarán una propuesta de Ley para la respectiva derogación; en caso de no tener la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento realizarán un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero de 2025; anuncian que ninguna de las instituciones integrantes del ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición; piden a las autoridades que piensen en la población y nos dejen trabajar para continuar produciendo en favor del País; y ratificamos las resoluciones del primer y segundo ampliado multisectorial.
Autoridades del Poder Ejecutivo indicaron que el presidente Luis Arce no puede derogar la Disposición Séptima.
El ampliado asegura que las determinaciones asumidas son por la seguridad jurídica del abastecimiento de productos para la población, por ello se dirigen al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para expresar su compromiso de trabajar por los bolivianos en las distintas actividades que desarrollan como cadenas de producción y abastecimiento.
“En este último período, las autoridades, lejos de resolver los inconvenientes para incrementar la producción y asegurar el abastecimiento a la población de alimentos, divisas, combustibles y seguridad jurídica, se empeñan en crear normas que dañan a toda la cadena productiva, amenazando y presionando al sector productivo del país”, lamentan los miembros de la cadena productiva en su comunicado.
Asimismo, observan que no se debería discutir normas para imponer más controles, que lejos de contribuir a resolver los problemas los incrementan y ponen en vilo al país, sino que “deberíamos estar discutiendo temas vinculados a la reactivación económica, a la seguridad jurídica, al desarrollo de la biotecnología, a mecanismos que nos permitan superar la falta de combustibles y divisas, entre otros”.
Ante el cuestionamiento del ministro que señaló que la posición de algunos sectores es más político, aseguran que la cadena productiva no hace política, “los políticos son los que gobiernan”.
“Anhelamos con dedicarnos solamente a producir, comercializar y transportar, pero tenemos que pasar tiempo buscando como defendernos de los que nos quieren destruir”, alertan.
“El Gobierno nos da toda la razón cuando indica que las sanciones contra el agio y la especulación ya existen y se aplican. Por tanto, ¿Cuál es la necesidad de introducir, de contrabando, la Disposición Adicional Séptima al PGE?, estamos cansados del atropello y las extorsiones”, cuestionan.
La falta de divisas y carburantes, el contrabando y otros factores que están golpeando a todas las familias bolivianas, no es responsabilidad de los que abastecemos de productos. Todas las medidas de intervención y amedrentamiento aplicadas hasta hoy, con un discurso engañoso de combatir el agio y la especulación, no resuelven la falta de algunos alimentos ni la escasez de divisas e hidrocarburos, sostienen.
En el segundo ampliado, los representantes indicaron que la norma da lugar a la corrupción, a la extorsión y al chantaje de parte de las instituciones públicas, y que lejos de resolver el tema de abastecimiento y precios, provocará todo lo contrario.