La Constitución Política del Estado, define en el Art. 158.I. Núm. 8 que “Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social”, como función de la Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente en relación con el ENDEUDAMIENTO.
Según el informe de calificación crediticia de Fitch Ratings, del 15 de julio de 2015, Bolivia presentó su mejor rendimiento, ya que reflejo una nota de “BB”, lo cual la colocaba con un “grado de no inversión especulativo”, de una economía estable, debido a los cuantiosos ingresos por exportaciones del sector hidrocarburífero. De 2019 a 2023, a pesar de tener calificaciones B+, B y B-, la perspectiva era estable. Del 2024 al 2025, esta situación desmejoró notablemente, al pasar a una calificación CCC-, donde nuestra economía está cerca al incumplimiento de deuda, es decir la posibilidad de pagar nuestra deuda pública a largo plazo se ha deteriorado, poniéndonos en una categoría de “riesgo sustancial”, a corto plazo, tanto en moneda nacional como extranjera.
A nivel regional, Bolivia, con datos de Fitch Ratings, sería actualmente la economía con peor calificación crediticia de Latinoamérica, según esta entidad internacional. Nuestro país con la calificación CCC-, es la que tiene mayor riesgo crediticio para el pago de su deuda pública a largo plazo, lo cual será un factor en contra para atraer inversión extranjera, limitando su crecimiento económico.
Edwin Rojas informó que en 2024 se cerró con $us.1.976 millones las RIN, el crecimiento se atribuyó principalmente a ingresos por exportaciones de hidrocarburos, que generaron $us.1.879 millones a través de YPFB. Otros aportes provinieron de Comibol y la Empresa Metalúrgica Vinto, contribuyeron $us.393 millones. En cuanto al uso de las reservas, se destinaron $us.2.381 millones a la importación de combustibles, principalmente diésel, y $us.1.526 millones al pago de la deuda externa.
La deuda per cápita en Bolivia en 2022, fue de 2.790 euros por habitante. Y la deuda externa de Bolivia representaba el 26,8% del PIB, y en 2024 es el 45,1% del PIB. La falta de dólares y las MALAS políticas implementadas han sido factores clave para esta evaluación negativa, lo que invita a una reflexión más profunda. La advertencia de que son necesarios ajustes significativos para evitar un colapso mayor resuena como un llamado a la acción que el Gobierno no puede ignorar. La escasez de combustibles, los bloqueos de carreteras y el creciente malestar social son síntomas visibles de un sistema que parece estar al borde de la inestabilidad.
La calificación negativa de Fitch Ratings, es el resultado de 12 años de déficit público, en 2024 fue del 11% del PIB. Como consecuencia, la falta de dólares, la escasez de carburantes y una inflación exponencial corrosiva del 9,97%, la más alta en 15 años, han desacelerado nuestra economía. A ello se suman los bloqueos, conflictos sociales, políticos y la inseguridad jurídica en Bolivia, que no han permito la llegada de créditos externos, haciendo más difícil la situación macroeconómica boliviana. Para revertir lo anterior, es importante aplicar políticas públicas económicas. especialmente en materia fiscal, lo cual podría tener costos sociales elevados, incrementando la pobreza y desocupación formal. Sin embargo, esto será tarea del nuevo gobierno boliviano, el cual tendrá la dura tarea de estabilizar y sacar de la crisis a nuestra economía, que tocó fondo. En el marco de un modelo de Estado que recupere el espíritu de la Constitución legal y legítima, elaborada por el poder constituyente, representado por las y los constituyentes.
Exigimos transparencia, rendición de cuentas, enfoque proactivo en la gestión económica, para reconstruir la confianza perdida y evitar que la situación se deteriore aún más. La advertencia de Fitch debería ser vista como un llamado a la acción, un recordatorio de que solo a través de políticas claras y efectivas que beneficien al soberano, se podrá afrontar el camino hacia una recuperación económica sostenible, con un ajuste macroeconómico sólido, que reduzca las presiones sobre la cuenta corriente y se acceda a financiamiento externo.
La autora es Abogada, Economista, ex Constituyente de Bolivia.