La lucha contra la corrupción es uno de los desafíos más persistentes de Bolivia, aunque han sido utilizados diversos mecanismos para contrarrestarla, como declaraciones juradas de bienes e ingresos de servidores públicos, persisten serias dudas sobre su eficacia práctica.
Lejos de ser una herramienta eficaz, la falta de verificación rigurosa, el incumplimiento sistemático y la cultura de impunidad han hecho de la declaración jurada una forma simbólica que no cumple su propósito.
La Ley No. 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Patrimonios, obliga a todos los funcionarios públicos a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos ante la Contraloría General del Estado.
La medida tiene como objetivo, en teoría, garantizar la transparencia y evitar el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las declaraciones juradas se presentan de forma parcial, incompleta o completamente falsificada, lo que pone de relieve las debilidades de este mecanismo. El cumplimiento de estas normas se ha reducido a un mero trámite burocrático.
Según estudios recientes, en la mayoría de los casos, los funcionarios declaran que sus bienes e ingresos son insignificantes o no tienen bienes. Esta situación no sólo pone en duda la veracidad de las declaraciones, sino que también demuestra la falta de control y castigo efectivo a quienes hacen declaraciones falsas.
Uno de los principales inconvenientes de las declaraciones juradas es la falta de un mecanismo de verificación eficaz.
La Contraloría General del Estado es responsable de revisar y verificar estas declaraciones, pero sus recursos y capacidad organizativa son limitados. La falta de una revisión integral y sistemática de las declaraciones juradas permite que muchos funcionarios eludan su responsabilidad de ser transparentes sobre sus finanzas.
Las autoridades reconocen que no hay consecuencias reales por una tergiversación y optan por no declarar todos sus activos o no declararlos. Además, la falta de sanciones estrictas por omisiones y tergiversaciones crea una percepción de impunidad y fomenta la corrupción.
En Bolivia, las declaraciones juradas han sido criticadas por su falta de eficacia para regular el enriquecimiento injusto de servidores públicos. Se estima que el 70% de los que presentan declaraciones juradas son incompletas o inexactas, y sólo una pequeña proporción de estos casos son investigados. Esta situación actualmente demuestra que el sistema de declaraciones juradas no está logrando su objetivo principal.
Un claro ejemplo de la ineficiencia de este mecanismo es el caso de varios altos funcionarios que fueron acusados de enriquecimiento ilícito luego de dejar sus cargos, no obstante tener mínimos o ningún patrimonio en sus declaraciones juradas. Este fenómeno muestra que incluso cuando son ejecutadas declaraciones juradas, son sólo una fachada de transparencia y son incapaces de detener realmente la corrupción.
Para que las declaraciones juradas se conviertan en una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, es fundamental implementar una serie de reformas estructurales.
Se debe fortalecer la capacidad de la Contraloría General del Estado para investigar y verificar de manera rigurosa y sistemática las declaraciones y es necesario un sistema de control cruzado con otras instituciones, como el Servicio de Impuestos Nacionales y el Registro de Derechos Reales, para detectar incongruencias y evitar que los funcionarios oculten sus bienes.
Las leyes actuales carecen de mecanismos punitivos de disuasión, lo que facilita la manipulación de datos.
Finalmente, es importante promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas entre los servidores públicos. Sin un cambio en la mentalidad y un compromiso serio con la transparencia, las declaraciones juradas seguirán siendo una formalidad sin valor real.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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