Contratos de dudoso beneficio

Desde hace muchos años el Gobierno del MAS viene prometiendo industrializar Bolivia para que el país deje de ser extractivista, pero los contratos que firmó con una empresa china para la explotación del litio en la zona del Salar son una prueba más de que la tan mentada industrialización no llegó (y de que tampoco hay esperanzas de que llegue pronto). Como suele hacer, el Gobierno firmó los contratos entre gallos y medianoche; es decir, sin socializarlos previamente y sin hacer estudios previos de impacto ambiental, como debe hacer un gobierno abierto. Aquellos contratos, difíciles de entender por los tecnicismos que contienen en sus anexos, son de dudoso beneficio económico para los bolivianos, pero además pueden ser muy perjudiciales para el medioambiente. Ya varios políticos, activistas y expertos han advertido sobre las consecuencias negativas que pueden tener en el futuro y algunos colectivos cívicos potosinos se han manifestado en las calles, pero hasta ahora el Gobierno no parece querer dar marcha atrás.
Dígase de entrada que los contratos no estipulan la industrialización por parte de Bolivia, sino una mera prestación de servicios de empresas extranjeras, lo cual desmiente la tan mentada soberanía industrial, presente en el discurso oficialista desde hace casi dos décadas. Además, el contrato estipula el pago de intereses a cambio de la inversión de la empresa y todas las garantías jurídicas para sus operaciones, lo cual no ocurre cuando inversionistas de otros países o de tendencias ideológicas que difieren a la del Gobierno desean invertir en el territorio nacional. Finalmente, Yacimientos del Litio Bolivianos no tendrá control en el manejo del dinero invertido por las empresas. ¿De qué industrialización, de qué soberanía se habla entonces…?
Pero el otro problema es el ambiental. Según los contratos, la tecnología a ser utilizada será la EDL (que es la obtención de litio a través de salmueras), la cual, pese a ser una de las más modernas y reducir el impacto ambiental, no deja de ser dañina, sobre todo porque requiere de mucha agua y será puesta en práctica en un lugar desértico como es el Salar, donde escasea el agua; ello podría afectar a la ganadería y a la producción de quinua. De acuerdo con un análisis de la Fundación Solón, se estima que los proyectos requerirán 3.846 millones de litros de agua por año, los cuales los captarían de la cuenca de Huasa Julaca. Otro de los problemas es que la explotación se hará dentro de un TCO, operación que, según la Constitución Política del Estado, debería haberse consultado previamente. ¿No debían ser los pueblos indígenas respetados y consultados previamente cuando se quisiera intervenir en sus territorios de origen?
Las experiencias de los incendios en el oriente boliviano, cuando se quemaron más de 14 millones de hectáreas de bosque, los ríos que son contaminados por la minería aurífera y estos contratos sobre la explotación del litio en la región del Salar, que pueden ser desfavorables para los intereses bolivianos, deberían alarmarnos. ¿No serán estos contratos lesivos para los intereses económicos bolivianos? Y, sobre todo, ¿no estará Bolivia destruyendo sus ecosistemas y exponiendo a las generaciones futuras a una terrible realidad?