Contratos de litio denunciados ante comunidad internacional

Mediante una carta dirigida a la comunidad internacional, legisladores de la agrupación Creemos, denunciaron que el Gobierno boliviano intenta imponer contratos para la explotación del litio del Salar de Uyuni con empresas de China y Rusia, los mismos que son cuestionados por una serie de irregularidades y por plantear la venta de este recurso natural sin beneficios concretos para el desarrollo de Potosí y del país.
Adelantó que los contratos, actualmente en instancias de la Cámara Baja, no serán aprobados en el Senado por no cumplir con una serie de requintos, entre ellos la consulta previa de los pueblos aledaños al Salar de Uyuni; sin embargo, la senadora Centa Rek recordó que el país en su conjunto y el pueblo potosino ya rechazaron estos documentos por ser contrarios a los intereses nacionales.
“Hay un rechazo generalizado a los contratos de explotación del litio; no es una cuestión política, es un tema de legítima preocupación de la sociedad boliviana. El gobierno de Arce pretende que estos contratos sean aprobados con premura (…) y se muestra desesperado para que se firmen estos contratos que serían contrarios los intereses de los potosinos y de todos los bolivianos”, indicó.
La parlamentaria agregó que estos documentos no son transparentes y tienen una serie de riesgos económicos y ambientales; además de la exclusión de la población en la toma de decisiones que ha generado un clima de desconfianza que no hace viable su aprobación.
La carta que detalla todas las observaciones sobre estos contratos, que esperan ser aprobados en la Asamblea Legislativa, ha sido firmada por la senadora Centa Rek y el senador Henry Montero; además de los diputados Verónica Aguilera, Haydi Muñoz, María René Álvarez, Roxana Álvarez y Erwin Bazán; todos de Creemos.
“El rechazo a los contratos de explotación del litio no solo proviene de sectores políticos o académicos, sino que se ha convertido en una manifestación generalizada de descontento en la sociedad boliviana. Diversos actores, desde organizaciones civiles hasta expertos en economía y medio ambiente, han expresado su preocupación por las condiciones desfavorables de estos acuerdos, que comprometen los recursos estratégicos del país sin asegurar beneficios claros para la población”, señala una de las partes de la carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.