Sociedad del linchamiento y la intolerancia

En una sociedad anómica, donde las costumbres están divorciadas de la ley y sus instituciones están permeadas por el populismo, las consecuencias para una persona que va en contra de la corriente generalizada pueden ser muy severas. Es verdad que hay dichos y hechos censurables —como una frase racista o abiertamente discriminadora o un hecho que va en desmedro del honor de otra persona— y que, en un Estado de Derecho, deben ser castigados. Pero en una sociedad acostumbrada a los discursos mainstream pronunciados por influyentes políticos y líderes de opinión demagogos, la sensibilidad de la sociedad se pone a flor de piel, permitiéndose lo que muchos llaman “cultura de la cancelación”, que es el desmedido y masivo reproche hacia las personas que actúan o se pronuncian en contra de lo llamado “políticamente correcto”.
En Bolivia, en las últimas semanas han ocurrido tres hechos que ilustran cabalmente este fenómeno. A mediados de enero, en la zona de la meseta del barrio de Achumani, una mujer que cosechaba tunas de unos cactus silvestres fue regañada por dos vecinos del barrio. El hecho fue grabado con un teléfono y difundido en redes sociales; en él se ve que los hombres que reprenden a la mujer son ciertamente groseros, verbalmente violentos y prepotentes con ella y su pequeño nieto. Luego, los internautas se deshicieron en insultos y amenazas hacia aquellos hombres, produciéndose lo que se llama shitstorm o linchamiento virtual. Además, después a uno de ellos se le inició un proceso penal por discriminación, racismo y violencia psicológica, y luego de un juicio abreviado, el juez lo condenó a tres años de cárcel.
A inicios de febrero, un presentador televisivo, en un desafortunado comentario, dijo que la culpa de la situación política actual en Bolivia la tenía el voto universal y que para votar debería haber una prueba de preparación, pues no todos serían aptos para elegir gobernantes. Ciertamente aquel hombre parecía ser un ignorante que desconocía conceptos jurídicos y hechos históricos que justifican la universalidad del voto, pero la ignorancia no es (no debería ser) un delito en una sociedad democrática. Entonces la furia de la opinión pública se hizo sentir en las redes sociales y muchos pidieron cárcel para el ignaro presentador.
Finalmente, hace pocos días un tiktoker fue enviado a la cárcel de San Pedro por haberse referido a la danza de los mineritos como “sucia y mugrosa”. La Gobernación de Potosí lo había denunciado penalmente, y cuando el tiktoker se enteró de la denuncia, lejos de retractarse, reafirmó sus comentarios y agregó que quienes lo denunciaban eran “unos campesinos”. El caso derivó en dos procesos judiciales, uno en Potosí y otro en El Alto, y el segundo proceso significó la detención preventiva. También en este caso hubo linchamiento virtual, y pese a las disculpas ofrecidas por aquél, el proceso siguió su curso.
Estos tres casos deben hacernos reflexionar. ¿Estaban aquellos hombres delinquiendo por racistas y discriminadores? ¿Y cómo probarlo? Aquellos comentarios, más allá de ser ignorantes o prepotentes, ¿no deberían ser tolerados en una sociedad democrática?