Una crisis de inseguridad y una expansión del crimen organizado están asolando a Bolivia a vista y paciencia del Estado, fenómenos que se fortalecen de la crisis judicial e instituciones en un estado de descomposición alarmante como la Policía, según el análisis de expertos en temas de seguridad, ante los recientes hechos de sicariato que conmovieron a toda la población boliviana en últimos días.
“Hay un Gobierno que no quiere combatir el narcotráfico. Bolivia es un país clave para la producción y tránsito de cocaína, a vista y paciencia del Estado boliviano, y esto es lo que está generando violencia, asesinatos selectivos, ajuste de cuentas y la presencia de grupos armados que hoy están operando con absoluta impunidad en zonas específicas de Santa Cruz, Beni y el Chapare”, señaló el analista, José Luis Bedregal, en radio Panamericana.
Para Bedregal, la Policía está en un “estado alarmante de descomposición” por las recurrentes implicaciones de sus altos mandos con las mafias del narcotráfico. A la par, señaló que el sistema judicial boliviano, “totalmente corrompido y torcido”, necesita una profunda reestructuración.
El analista calificó como “dramático” la falta de control efectivo en las fronteras, donde el sicariato, los secuestros y tráfico de sustancias ilícitas campean en regiones como Yacuiba, Bermejo y Guayaramerín, mientras el Estado “no hace absolutamente nada porque el MAS nunca ha tenido ninguna voluntad de frenar el narcotráfico”.
En tal sentido, remarcó que los vínculos de las principales autoridades de los periodos de Evo Morales y Luis Arce con estas mafias deberán ser investigados en el próximo gobierno.
CRISIS DE INSEGURIDAD
Por su lado, la criminóloga y experta en seguridad, Gabriela Reyes, coincidió al afirmar que Bolivia vive una crisis de inseguridad a raíz de una crisis institucional que ha ido empeorando cada año. En su lectura, el próximo gobierno tendrá el complejo desafío de frenar la expansión del crimen organizado.
Advirtió que las recientes ejecuciones, que cada vez son más violentas, son un “síntoma” de que el crimen organizado se fortalece ante la incapacidad y debilidad del Gobierno actual para desarticularlos. “Cuando el crimen organizado ve a un Estado que no actúa, que es incompetente y, hasta diríamos, (que) da impunidad, en muchos casos ve una oportunidad para hacerse más fuerte y tener mayor capacidad”, afirmó a ANF.
En menos de dos meses, en el departamento de Santa Cruz, al menos ocho personas fueron acribilladas por sicarios, supuestamente vínculos con el narcotráfico, ajuste de cuentas y por disputas de territorio.
El último de estos casos se registró la semana pasada, cuando el capitán de Policía, José Carlos Aldunate, fue acribillado con siete balazos en la puerta de su garaje, en un barrio residencial de Santa Cruz. Un investigador chileno reveló que el policía fue denunciado por narcotráfico y robo de vehículos hace varios años, mientras que en redes sociales se lo vincula con el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.