Empecemos recordando la preocupante actuación de los fiscales en el caso de los cocaleros yungueños, cuando sólo detienen a los dirigentes de Adepcoca y no así a Arnold Alanes y compañía, que hacen funcionar un mercado ilegal, Al ser tomado ese predio, en su interior encuentran armas letales, dinamitas, bombas molotov y otros pertrechos, pero la fiscalía y la policía no persiguen ni detienen a sus autores.
Entre otros tantos casos, se puede mencionar al cierre del “caso Vila Vila” por parte de la Fiscalía, dejando impunes a los autores de la feroz emboscada ocurrida en noviembre de 2019, cuando una caravana de obreros y estudiantes fueron intervenidos por militantes del Movimiento al Socialismo Unzaguista. Esos masistas procedieron a torturar, desnudar a obreros y estudiantes, que fueron víctimas de todo tipo de tratos crueles. También otra caravana fue emboscada en Playa Verde por francotiradores masistas, que dispararon e hirieron a siete personas. Tampoco hubo una investigación por parte de la Fiscalía. Esta Fiscalía también rechazó una denuncia en contra del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por la adquisición de cinco vehículos usados.
Además, de los que asaltaron la ciudad de La Paz, armados, gritando “guerra civil”, y de los bloqueadores masistas que asesinaron a medio centenar de personas por falta oxígeno, etc., ninguno fue procesado, pero por portar un petardo uno va preso. También los torturadores que detienen al presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Julio Cesar Apaza, están impunes, pese a una certificación de médico forense que los incrimina.
Tampoco la Fiscalía se ha puesto a investigar y detener a quienes dinamitaron una vivienda en Villa Mercurio de la ciudad de El Alto, en agosto de 2022.
En otro caso, esta Fiscalía, en vez de procesar a los verdaderos responsables del paro de los 36 días del pueblo cruceño, admiten procesos penales contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el gobernador y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por el reclamo para que el gobierno cumpla su obligación de realizar el censo cada 10 años. Cuando los que tienen que responder ante la justicia son los incapaces y negligentes personeros del INE, por incumplimiento de deberes. Son quienes incluso deberían devolver sus jugosos sueldos, por no realizar su trabajo oportunamente. Recordemos que el gobierno del MAS, ni en 2011 ni en 2022 pudo realizar los censos previstos, demostrando de este modo incapacidad. Ni siquiera un censo pueden realizar como es debido, pero la Fiscalía no se molesta en procesarlos por los daños ocasionados al país.
A propósito, para graficar la situación anómala y desastrosa, uno encuentra en las redes inscripciones como ésta: “El innombrable estupra y roba, el otro es sorprendido con contrabando de 33 camiones, Salvatierra roba, Achacollo roba, Gabriela Zapata roba”. Pero, lamentablemente, ninguno está preso, mucho menos es investigado por la Fiscalía.
Recordemos que antes de que nos impongan la denominada “Ley Blatman” y luego la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley N° 260, que dispone que toda denuncia y querella pase por la pesada maquinaria de la Fiscalía, cualquier ciudadano que era víctima de algún delito, podía acudir directamente a la policía civil de investigaciones de aquel entonces y sin ninguna dificultad, tenía todo el derecho a denunciar cualquier hecho delictivo. La denuncia era admitida sin alguna traba burocrática y se iniciaba la investigación de todos los hechos delictivos denunciados.
Todo eso ocurría durante el siglo pasado, cuando cualquier víctima de un delito, acudía e ingresaba a la Sala de Denuncias de la policía civil de investigaciones, donde se realizaba la recepción de la denuncia y el caso de inmediato era remitido a la oficina correspondiente, ya sea División Delitos Contra la Propiedad, División Delitos Especiales, División Homicidios, División Delitos contra las Personas y otras donde asignan un investigador, quien hacía las indagaciones correspondientes, convocando al denunciado, recibiendo las declaraciones y otras labores pertinentes. Organizaba las diligencias de policía judicial, que ahora se denomina cuaderno de investigaciones, para luego remitir el caso a conocimiento del Juez. Hasta aquí no se requería de algún fiscal para que perjudique, más bien la institución contaba con algunos abogados que asesoraban y absolvían cualquier consulta pertinente que realizaban los investigadores sobre los casos en investigación.
Lamentablemente, con la imposición de esta modalidad a través de esta ley en actual vigencia, se otorga toda potestad a los fiscales para impedir que la gente tenga acceso inmediato para que se investigue cualquier delito. El Art. 55, parágrafo II de la Ley 260 permite y otorga carta blanca a los fiscales para imponer los reiterados rechazos a denuncias y querellas, que dejan en absoluta indefensión a la ciudadanía y a merced de la delincuencia.
Hoy, denunciar cualquier delito es un tormento. Además de los costos y otros aspectos que obstaculizan el acceso a la investigación requerida por la población, sobre todo los fiscales de materia, no conocen ni son especialistas en temas de investigación criminal. Éstos se han especializado más bien en “materias altamente sofisticadas” para denegar o rechazar toda denuncia y toda querella presentada por las víctimas, protegiendo de este modo a la delincuencia.
Con la implementación de esta nefasta modalidad imperante, respecto a la atención que demanda la población, ha empeorado el acceso a la justicia, al derecho que tiene la población para demandar atención en las investigaciones sobre los diferentes hechos delictivos que la población sufre y son víctimas permanentes tanto de la delincuencia como por la Fiscalía, cuando ésta rechaza las denuncias y querellas.
Por todo ello, es preciso que la ciudadanía, los juristas, los docentes de las facultades de derecho de las diferentes universidades y otros sectores involucrados, estudien y formulen propuestas para transformar la calamitosa situación, que es absolutamente desfavorable para las víctimas de todo delito. Ellas, además de ser víctimas de los delincuentes, son también víctimas de la imposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tomando en cuenta que su diseño institucional y las disposiciones que sustentan su funcionamiento, están erradas de cabo a rabo. Es que su función debe ser servir a la población y de ninguna manera servir a la delincuencia rechazando las denuncias y querellas. Con esta modalidad, la delincuencia está súper protegida, a sabiendas de que las denuncias en su contra serán rechazadas.
También sería oportuno señalar que, plantear un sistema algo parecido al que existía anteriormente a la Ley 260, sería beneficioso para que las víctimas tengan derecho a denunciar todo tipo de hechos delictivos. Y que sus denuncias y querellas sean investigadas sin ningún obstáculo ni tediosa burocracia innecesaria, para que la ley sea aplicada y los delincuentes sean sancionados. Y no como ahora, que al denegar o rechazar denuncias sobre hechos delictivos, la Fiscalía se convierta en cómplice y protector de los delincuentes que se campean con toda impunidad para seguir cometiendo sus fechorías sin castigo. Es que esta entidad, además, se ha convertido en un peligroso brazo operativo para realizar persecución política, dejando de lado la atención que requiere nuestra población.
En las circunstancias actuales, la población que es víctima de la delincuencia, requiere atención sin burocracia perjudicial e innecesaria, siendo importante volver al sistema anterior, pero mejorado. Esto implica eliminar el Ministerio Público, debido a que es irracional que impere y funcione en el país una institución que trabaje para proteger solapadamente a la delincuencia y sea muy efectiva para la persecución política. Todo esto pasa por modificar la Constitución y la abrogación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley N° 260.
El autor es comunicador social.