Reprimiendo o “comprando” medios de prensa…

Las autocracias y los regímenes híbridos se enfrentan a un dilema en lo que a medios de prensa independientes o críticos se refiere: o la “compra” o la represión. Ya que no toleran la disidencia o la crítica, no pueden sino “comprar” a los medios críticos —estimulándolos para que digan lo que ellos desean— o reprimirlos —enjuiciándolos o quitándoles la pauta publicitaria estatal—. La historia boliviana está llena de ejemplos de, sobre todo, lo segundo. Varias radioemisoras, canales de televisión y diarios fueron cerrados o saqueados, o sencillamente asfixiados lenta, pero inminentemente a través de una premeditada sofocación económica, como sucede con esta casa periodística, hostigada desde hace casi veinte años, siendo objeto de una serie de arbitrariedades e ilegalidades,
Afortunadamente, en las últimas épocas el control que los gobiernos autocráticos tienden a ejercer sobre la opinión pública o el flujo de información noticiosa, se ha reducido notablemente, dada la irrupción del internet y las redes sociales, con los que la gente puede interactuar y compartir sus opiniones o información sin la censura del poder.
Sin embargo, los medios tradicionales aún tienen su importancia, y por tanto su independencia es crucial en la hora de informar con relativa imparcialidad y veracidad a la población; no puede existir democracia sin medios independientes y críticos. En los últimos 19 años son estos medios los que han sufrido el condicionamiento de su línea editorial o sus posiciones políticas; así, varios canales de televisión y por lo menos un periódico paceño privado se dedicaron a elogiar al gobierno del MAS o cuando menos a suavizar sus críticas y su labor fiscalizadora. Para lograr eso, lo que hacen normalmente los regímenes autoritarios es amenazarlos tácitamente con recurrentes controles de Impuestos Nacionales o a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, financiarlos con una publicidad estatal millonaria o darles otro tipo de “incentivos” materiales.
Cierta vez, Evo Morales dijo que cuando llegó al poder había un 80 o 90 por ciento de medios “opositores” (críticos con su gobierno) y que luego ese número se había reducido a 10 o 20, y en 2018 su gobierno promovió una “ley contra la mentira”, para que los medios informaran con lo que los jueces (también manipulados por el gobierno) considerasen la verdad. De concretarse, aquella iniciativa hubiera coartado mucho más las libertades de prensa y el derecho a la información de la población.
Hoy, existen muchos medios de prensa (entre televisivos, radiofónicos e impresos) que están alineados con el régimen; los medios críticos, por su parte, están sufriendo hostigamiento judicial o severas sanciones financieras. Ni hablar del periódico, la radio y el canal de televisión estatales, que no solo ahora, sino siempre, han estado manipulados por el poder. Ahora bien, es comprensible que los legisladores y en general toda la ciudadanía, dada la actual crisis económica y política, no estén prestando atención a esta insidiosa manera del poder de obrar con los medios de prensa, pero hay que tener presente que es un tema trascendental que tendrá que ser considerado por el siguiente gobierno que entre en funciones a partir del 8 de noviembre, que se espera sea democrático.