Mientras la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la prohibición de aplicaciones de streaming ilegales, entre ellas Magis TV y Flujo; ignora pronunciarse respecto a la calidad de otros servicios como los que presta la telefónica TIGO.
El fin de semana, la entidad fiscalizadora anunció esta medida como parte de sus esfuerzos para combatir la piratería, con lo que procederá al bloqueo dinámico de estas plataformas que ofrecen contenidos de televisión, cine y deportes sin la debida autorización.
El director de la ATT, Néstor Ríos, informó que estas aplicaciones llegan a afectar el comercio exterior e incluso perjudicar la economía nacional, ya que permiten la transmisión ilegal de eventos como el fútbol boliviano, ocasionando con su consumo un daño económico a estas industrias.
Por otro lado, en vista de que estas aplicaciones también suponen un riesgo para la seguridad de los usuarios -pueden contener software malicioso- la ATT decidió también respaldar procesos legales internacionales para lograr que los motores de búsqueda eliminen los enlaces a estos sitios web.
Sin embargo, la ATT continúa guardando silencio sobre el servicio deficiente de otras empresas como TIGO, hace poco acusada de modificar sus tarifas de manera arbitraria y no proveer de buena señal a sus usuarios. Desde el año pasado, EL DIARIO constató que varias personas denunciaron un servicio intermitente y tarifas elevadas por parte de esta telefónica.
Hasta el momento, la entidad reguladora de estos servicios no se ha referido oficialmente respecto a estos reclamos; en tanto, otras telefónicas como VIVA y la estatal Entel también reportaron problemas con su señal en varios puntos de la ciudad de La Paz y El Alto.
A estas denuncias, que no solo son recurrentes, sino que datan desde hace varios meses, se suman las críticas por los recientes siniestros de tránsito registrados durante los feriados de Carnaval que dejaron al menos 74 personas fallecidas.
La ATT fue observada por limitarse a sancionar temporalmente a las empresas cuyos buses ocasionaron las tragedias, además de imponer multas económicas ínfimas de unos miles de dólares, en vez de ejercer medidas más drásticas como la clausura definitiva de los negocios o una investigación a profundidad de los hechos, ya que los conductores fueron encontrados en estado de ebriedad o sin portar la debida licencia de conducción.