El Ministerio de Justicia informó en un comunicado que, luego de una audiencia de interposición de una Acción de Libertad, se logró anular la sentencia de seis años de cárcel contra un adolescente acusado de violación e infanticidio en Santa Cruz, para que la decisión se remita al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se considere una condena mayor, bajo argumentos de que la víctima no podía defenderse y que la sentencia no es proporcional con la gravedad del hecho.
“Luego de escuchar la amplia, precisa y contundente fundamentación de la Acción Constitucional de Libertad interpuesta contra un fallo injusto e incomprensible, se logró la anulación de la sentencia de apenas seis años de prisión dictada contra un adolescente de 16 años, autor confeso de los delitos de violación e infanticidio de una bebé de un año y tres meses en el Plan Tres Mil de Santa Cruz”, señaló ayer el Ministerio.
La sentencia dictada el martes, que aún debe remitirse al TCP en grado de revisión tras la anulación del Juez en favor del recurso activado por el Gobierno, sentó los lineamientos que la víctima no tuvo la oportunidad de defenderse de su propia madre ni del padrastro acusado de violarla y asesinarla, por lo que la pena de seis años no cumple el criterio de proporcionalidad frente a la brutalidad del crimen.
Asimismo, “la anulación del fallo del Juez de la Niñez habilita la vía para que el autor reciba una sanción acorde a la magnitud de sus delitos. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe inmediatamente reformar el Código del Niña, Niño y Adolescente para evitar que se repitan injusticias como ésta”, agrega Justicia.
La cartera de Estado lamentó y rechazó la postura de la Defensoría del Pueblo y de una exviceministra, quienes defendieron la sentencia contra el menor sindicado argumentando que se debe seguir normativas internacionales que amparan derechos de menores de edad, insistiendo que los derechos de la víctima deben ponderarse sobre cualquier derecho o garantía de los criminales.
“Se les recuerda que, en materia de Derechos Humanos, el principio de legalidad debe subordinarse al principio fundamental de constitucionalidad y convencionalidad”, finaliza el comunicado de Justicia.
EL CASO
El caso refiere al proceso abreviado al que se sometió el adolescente en pasados días, en el que se declaró culpable de haber agredido brutalmente, abusado sexualmente y quitado la vida a su hijastra en la capital cruceña. En aplicación de la normativa vigente y a pesar de la gravedad de los hechos, el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz lo sentenció a seis años por tratarse de un menor de edad.
Esta decisión fue reprochada por el Gobierno, especialmente por el ministro Siles, quien anunció la activación de una Acción de Libertad para la anulación de la sentencia. Siles planteó la modificación de la legislación del Niño, Niña y Adolescente para que los menores de edad sean sentenciados con penas de 30 años en caso de cometer delitos sexuales o de muerte contra otros menores de edad.