Potosí y Bolivia van perdiendo más de 400 millones de dólares por la actividad minera ilegal en el yacimiento “Silver Sand”, ubicado en el departamento potosino, debido a que la empresa responsable de ejecutar el proyecto no puede ingresar a continuar con sus tareas por los avasallamientos en el lugar. Mientras las autoridades miran de palco, los avasalladores sacan volquetas de minerales y llevan a un ingenio, sin pagar los tributos correspondientes al Estado y a la región.
Coyuntura
Ante la coyuntura económica que vive Bolivia, con escasez de divisas, falta de combustibles e inseguridad jurídica para las inversiones, y muy cerca de una recesión económica, algunos sectores económicos pueden aliviar la carga, como la minería, sector que representa el 52% de las exportaciones totales del país.
Varios sectores se pronunciaron por la falta de un plan de reactivación y el sector minero puede ser parte de la solución, pero la falta de voluntad política frena el emprendimiento del proyecto “Silver Sand”, a cargo de la empresa New Pacific Metals (NPM) Corp.
El gerente general y representante en Bolivia de NPM, Hianny Romero, explicó que la empresa opera en el país desde el 2017 y hasta el 2022, invirtió 45 millones de dólares en exploración, además está en puertas el ingreso de 350 millones para desarrollar el yacimiento en los próximos dos años y exportar barras de plata al mercado internacional.
Una vez puesta en marcha la obra y se exporte el mineral, la cifra que recibirá Potosí alcanza a 17 millones de dólares en regalías, el Estado percibiría 43 millones por impuestos y se generaría 500 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos, de acuerdo al informe presentado por Romero.
Recordó que alrededor del 98% de los impuestos genera el sector privado y que la empresa, de empezar a operar, sería la primera en trabajar en el marco de la nueva Ley minera; sin embargo, los avasallamientos retrasan los trabajos y perjudica a la región y al país.
Identificadas
Informó que fueron identificadas seis personas, miembros de la comunidad, que decidieron ignorar los acuerdos con la empresa y empezaron a operar sin autorización, también explotar ilegalmente el yacimiento.
Empezaron a saquear el yacimiento, salen 12 volquetas al día sin control y llega a un ingenio, acciones que perjudican el avance del proyecto y con esta actitud sólo se registra un fomento real al blanqueo del mineral, de acuerdo con la explicación de Romero. La salida de minerales no se reporta ni se registra.
Cada día que pasa, no hay una solución y se va perdiendo la fe en el país. Bolivia pierde terreno en el mapa de potencial minero a nivel internacional, debido a la inseguridad jurídica que se registra en el Estado.
Anunció que se tomarán acciones penales contra los avasalladores y lamentó que no haya apoyo del Gobierno, debido a la inacción para detener la minería ilegal.
Indica que a nivel internacional, Bolivia se encuentra dentro de los países con mayores yacimientos de plata (con tres) y dos están en desarrollo con la empresa New Pacific Metals.
Sin embargo, la actual situación del proyecto, con los avasallamientos pone en riesgo el desarrollo del mismo y se extraña que la Gobernación de Potosí no se haya sumado a las denuncias, ni se haya pronunciado.
La Fundación Milenio presentó la pasada gestión propuestas para reactivar la minería, un sector olvidado por las autoridades, debido a la falta de seguridad jurídica.
Plantea modificaciones para atraer inversiones y tecnología para estar a la par de los países vecinos, como Chile y Perú, que reciben capital extranjero por encima de los 5.000 millones de dólares anuales, mientras que Bolivia está en último lugar.
Desde el sector minero plantean medidas para desarrollar los yacimientos que tiene el país, como atraer inversiones en el corto plazo para evitar el declive, caída y crisis productiva de la minería.
También se propone implementar ajustes parciales a la Ley 535 hasta llegar a un consenso nacional para proponer un nuevo régimen minero en un mediano plazo; cambios estructurales al interior de las entidad públicas para devolver la institucionalidad; y transitar a una minería sostenible y a la formalización del sector.