Luego de reanudarse ayer el juicio por el caso “Golpe de Estado I”, la Justicia determinó que la Procuraduría General del Estado (PGE) abandonó el proceso en calidad de instancia acusadora tras no presentar personal acreditado al acto judicial, según informó el equipo jurídico del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.
El abogado, Martín Camacho, explicó que la PGE fue apartada del caso debido a la ausencia de representantes en la audiencia instalada ayer. Según el jurista, la Justicia considera que esta institución del Estado abandonó su papel como acusador en el juicio por los hechos políticos y sociales de 2019.
Camacho señaló que ni el procurador general, Rolando Condori, ni ningún otro apoderado acreditado de la PGE estaban presentes a las 08:45, hora en la que inició la audiencia, sino un abogado sin poder de representación; aunque una abogada llegó dos horas tarde, se restringió su participación y no pudo presentar pruebas o alegatos. Ante esto, agregó, la defensa legal del gobernador solicitó que se declare el abandono de la acusación particular de la PGE.
“Ante la no presencia de ningún funcionario acreditado para esta audiencia, el Tribunal decidió que la Procuraduría abandonaba su posición de acusador y se le ha permitido participar en un rol que no es activo, como víctima, dentro del proceso, por lo que han sido excluidos”, aseguró Camacho a Unitel.
Camacho explicó que, aunque la Procuraduría puede apelar esta decisión, en juicio oral las apelaciones son restringidas y los recursos quedan en reserva hasta que se dicte una sentencia o la apelación de la misma.
En la audiencia celebrada ayer, se agotó la etapa probatoria tras la declaración de siete testigos de cargo presentados por la Fiscalía. El otro abogado del gobernador, Fernando Vaca, afirmó que las acusaciones no fueron sustentadas ni probadas en sus elementos fácticos, jurídicos ni probatorios.
Entre los testigos, declaró el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y su hermano, quienes relataron cómo fueron supuestamente torturados y amedrentados hasta renunciar a sus cargos en 2019, refleja ABI.
El juicio se reanudará el lunes 31 de marzo a las 14:00 con el inicio de la prueba testifical en defensa de Camacho.
Mientras tanto, la autoridad, detenida preventivamente desde hace más de dos años en Chonchocoro, fue trasladada de regreso a este recinto penitenciario, donde deberá aguardar la reanudación del juicio oral.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Le defensa de Camacho presentó una Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC) sobre la figura de Terrorismo, uno de los delitos por los que se acusa al gobernador y al excívico potosino, Marco Antonio Pumari, por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019.
El 8 de marzo, se reveló que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este recurso, por lo que empezaron a circular versiones extraoficiales aseverando que el juicio quedaba paralizado hasta que el alto tribunal se pronunciara sobre el caso.
Sin embargo, el Gobierno desmintió estas afirmaciones y aclaró que la resolución del TCP no irrumpía el desarrollo del proceso, sino que únicamente impide que se dicte una sentencia mientras el alto tribunal emita un fallo definitivo que resuelva la acción presentada.
El caso “Golpe de Estado I” fue iniciado por la exdiputada masista, Lidia Patty, en contra de Camacho, Pumari y la expresidenta interina, Jeanine Añez Chávez. En octubre del año pasado, esta última fue apartada del juicio tras haber sido juzgada por los mismos hechos en el denominado caso “Golpe de Estado II”.
