A más de año y medio de los hechos, el Ministerio Público lleva adelante la reconstrucción sobre la pericia balística y geoposicionamiento con relación a las víctimas heridas en el caso Huayllani en el departamento de Cochabamba. En el lugar se tomaron testimonios a 13 personas, informó este lunes el secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe.
“Se conformó un equipo multidisciplinario entre peritos del Instituto de Investigaciones Forenses, Fiscales de Materia, además se desplegó una coordinación con la Policía Boliviana que, a través de la FELCC, participaron coadyuvando y se tiene un avance significativo dentro del proceso. Se colectaron testimonios directos de las víctimas heridas con armamento”, explicó Quispe.
La autoridad señaló que, los 13 testimonios tomados a las personas fueron importantes y dieron mayores luces con relación al caso Huayllani.
“Lo concreto y lo establecido fue que sí ha existido una participación coordinada entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para realizar esta intervención escalonada que tenía avances y retrocesos en el puente Huayllani, de acuerdo con las declaraciones que hemos podido recibir”, dijo.
Añadió que, también, se identificó otros testimonios que no estaban claros con relación al despliegue y organización que existía en las fuerzas conjuntas que actuaron entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. En el lugar existió uso de gas lacrimógeno como una forma de quitar visibilidad a los manifestantes y existen indicios de que hubo uso desmedido de lo que es la fuerza, para ello se realizan las pericias y tener certeza, además se definirá el tipo de armamento y municiones utilizadas.
“Producto de la reconstrucción, con relación a las víctimas heridas con armamentos, nacieron nuevas pericias con la necesidad de agotar la investigación, lo que nos va llevar a dar una conclusión e informar sobre los resultados que se tengan al respecto”, añadió el Secretario General.
La violencia en Huayllani estalló tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales en medio de movilizaciones denunciando un “fraude electoral” en los comicios del 20 de octubre de 2019; luego que el Tribunal Supremo Electoral suspendió el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares por casi 24 horas.
A un año y medio de esos sucesos, la Fiscalía ha tenido un proceso lento de investigación, incluso el Estado solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comisión para que realice las indagaciones. Un equipo de expertos llegó al país y ha realizado una serie de entrevistas y ha tomado testimonios sobre los hechos sucedidos en octubre y noviembre de 2019.
Los abogados que patrocinan al excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita y del comandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO), Alfredo Cuéllar, lamentaron que para la realización de la reconstrucción no se tomaron en cuenta todos los elementos ni actores fundamentales del hecho, en este caso militares, policiales, las víctimas, los movilizados y los vehículos y tanquetas que se usaron en noviembre de 2019, según reportó Los Tiempos.
Personal de las Fuerzas Armadas aseguró no haber sido notificado para la realización de estos actuados investigativos. “Se realiza la inspección reconstrucción en Huayllani, pero no convocaron a los comandantes de la Séptima División ni al chofer de la tanqueta que recibió 12 impactos de bala de calibre 22 y otros”, señalaron al hacer notar la ausencia también de la Policía.