Los empresarios bolivianos pedimos que el Gobierno, por intermedio de sus ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y de Economía, Marcelo Montenegro, intervenga en el conflicto por las tarifas en el puerto de Arica, que tiene muchos días de duración y está perjudicando al comercio exterior boliviano.
Este pedido lo formulamos mediante una misiva dirigida a cada uno de los dos ministros, y la suscribimos los presidentes de las cámaras nacionales de Comercio (CNC), Industrias (CNI), Despachantes de Aduana (CNDA) y Exportadores de Bolivia (CANEB).
El problema de los empresarios bolivianos se debe a que, pese a haber transcurrido más de un mes y medio del vencimiento del plazo del acuerdo suscrito en 2019 entre la Empresa Portuaria Arica (EPA) y la empresa pública Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), el pasado 4 de agosto, aún no se tiene un nuevo convenio firmado entre las partes.
Como consecuencia de la falta del acuerdo entre las partes, a mediados de septiembre, la EPA anunció que realizaría el cobro anticipado a la ASP-B, por los servicios que presta la Terminal Portuaria de Arica (TPA) a parir del 20 de ese mes; a lo que la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia estableció, con mucha claridad, que los empresarios importadores ya hacen regularmente un pago anticipado a la ASP-B por los servicios del operador portuario en esa terminal, por lo cual no deberían verse afectados por factores ajenos a su decisión y control.
La ausencia de una coherente gestión en la administración de la ASP-B, que permita viabilizar acuerdos en beneficio de los bolivianos, está generando una falta de dinámica correcta del comercio exterior por ese puerto y restándole competitividad al mismo. La principal misión por la que fue creada la ASP-B es la de facilitar el comercio exterior boliviano; sin embargo, hoy estaría haciendo todo lo contrario.
La situación se viene agravando y ya ha detonado en otros operadores de la cadena de logística del comercio exterior, es así que el sector del transporte terrestre nacional e internacional está en alerta y se ha unido al requerimiento urgente de una solución.
Los despachos de la carga boliviana en tránsito por el puerto de Arica se encuentran suspendidos, generando sobrecostos para los empresarios bolivianos que oscilan entre los 70 y 80 mil dólares diarios.
Adicionalmente a esto, de manera inexplicable, en medio de este conflicto la ASP-B, hace unos días, instó a los operadores de carga boliviana a migrar sus operaciones de comercio exterior hacia otros puertos alternativos, a pesar de estar conscientes de que existen pocas opciones de terminales portuarias que, por sus condiciones generales, puedan ser enteramente viables para el comercio boliviano.
En la actualidad, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), nuestra balanza comercial reporta un superávit de 1.360 millones de dólares, donde las exportaciones superaron los 7.000 millones de dólares y las importaciones superaron los 5.600 millones de dólares; constituyéndose así, en un factor preponderante para la reactivación económica en el país. Por lo que resulta, por demás llamativo, que entidades públicas como la ASP-B, no sean actores relevantes y coadyuvantes para mantener estos indicadores positivos.
Hoy debe primar el diálogo, tomando en cuenta a los actores relevantes y que pueden ser coadyuvantes en el momento de negociar temas de interés nacional, es así que se plantea la “Diplomacia empresarial” como herramienta de articulación y negociación con resultados efectivos y de impacto positivo para nuestros intereses nacionales.
Debemos cambiar nuestra visión de enclaustramiento a una visión de integración y complementariedad regional que nos permita lograr mayor desarrollo económico y social para nuestro país.
No olvidemos que Bolivia y Chile tienen vigente el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 22. Debemos alinearnos todos los actores de la sociedad hacia un mandato Gubernamental ya establecido por nuestro Presidente actual, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con nuestro hermano país de Chile.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).