La demanda pública de cambiar o reformar la actual Constitución Política del Estado (CPE) del año 2009 ha tenido una nueva escalada, por pedido de la marcha forzada de los campesinos orientales que, desde Trinidad, llegó en 37 días a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con ese petitorio político en su “tapeque”. Esa solicitud se suma a otras varias que se registran en el país, la misma que se ha convertido en una necesidad nacional, en vista de los numerosos problemas que esa norma está causando al país desde su dictación, con base en una determinación de la Asamblea Constituyente convocada por el entonces presidente Evo Morales.
Los pedidos de dictar una nueva Constitución o modificación de la que está en vigencia, fueron hechos desde antes de los sucesos de noviembre de 2019 y enseguida durante el gobierno de Jeanine Áñez, sugerencias que cayeron en saco roto, dejando al pueblo boliviano “con los crespos hechos”.
Esas exigencias se reanudaron cuando el gobierno de Luis Arce Catacora llegó al poder hace casi dos años, pero recibieron oídos sordos de las autoridades, que prefirieron guardar silencio y, con actitud liberal, dejar hacer y dejar pasar. Sin embargo, el Ministro de Justicia, rompiendo ese cerco de acero de oposición interna a su atinada iniciativa, propuso con energía la reforma constitucional, sugerencia que fue bien recibida por la opinión pública.
Pero, lamentablemente, el aludido ministro, al parecer, fue objeto de presiones de diversas fuentes partidarias del MAS, para que no se cumpla ese necesario objetivo nacional y, entonces, se vio obligado a recular varios pasos atrás y otros tantos al costado, para que postergue su acertada propuesta “para las calendas griegas”. La fuerte, sospechosa e impertinente presión subterránea sobre el ministro Lima, determinó que acepte y calle para siempre, al no hacer siquiera mención a su patriótica iniciativa.
La propuesta de una necesaria nueva Carta magna se ha actualizado en últimos meses, al constatarse que es la causa de los conflictos y el atraso económico en que se encuentra el país. Se destaca que la producción agrícola de alimentos está en estado catastrófico por la competencia desleal de las importaciones oficiales, extraoficiales y el contrabando, y no hay esperanza de revertir ese estado de cosas. A eso se añaden las graves denuncias sobre el problema de la tierra que, al destaparse, ha dejado a luz graves problemas, como cuando emergen alacranes, serpientes, arañas y otros monstruos de la caja de Pandora.
Pero, pese a las presiones sociales, una reforma o cambio de la Constitución es difícil de realizar por el difícil procedimiento legislativo necesario para llegar a ese fin, ya que se requiere de un referéndum previo favorable para convocar a elecciones, para reunir una Asamblea Constituyente capaz de reformar la “Farsa Magna” actual. Además, se requeriría una millonada de dólares para realizar ese evento convencional vinculatorio, algo difícil por la crisis económica que sufre el país, por derroches en el pasado inmediato, corrupción, “elefantes blancos” y muchos otros errores.
Por esos aspectos, que no permiten de inmediato aceptar las sugerencias sobre reformas a la Constitución –que es la “madre del codero” de los problemas que son protagonizados en el país–, el panorama social continuará en estado poco menos que caótico, a no ser que una mano poderosa dé un golpe de timón a la nave del Estado, que navega sin brújula, en medio de un mar embravecido y amenazada por una acción opositora, según denuncias de altas autoridades de nuestro inefable Estado Plurinacional.
Necesaria reforma de la Constitución
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