El tratamiento del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de estandarizar las normas nacionales a los convenios internacionales, solo busca habilitar instrumentos destinados a transgredir los derechos ciudadanos, aseguró la senadora Centa Rek (Creemos).
La senadora por el departamento de Santa Cruz advirtió que con el argumento de adecuar las leyes a tratados internacionales el gobierno del MAS está camuflando las aprobación de normas que atentan contra los más elementales derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Explicó que el paquete de nuevas normas, como el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene un trasfondo o suposición de ilicitud, dejando de lado la presunción de inocencia, lo cual le permitirá al Gobierno desplegar un andamiaje persecutorio e institucional para penalizar. “Amparados en el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, están en vías de aprobar una norma, cuyo contenido nada tiene que ver con los tratados internacionales”, manifestó.
Detalló que el objetivo de usar los convenios internacionales tiene la finalidad de confundir a la ciudadanía e incluso a la comunidad internacional, con la finalidad de aprobar leyes que transgredan a los derechos humanos y las normas de derecho comunitario. La aprobación de las cuestionadas leyes –sostuvo– significaría dar paso atrás, con la puesta en marcha de normas violatorias de la Constitución Política del Estado (CPE), lo cual le quitaría su sentido de otorgar garantías en materia de derechos humanos y del derecho comunitario. Insistió en que la pretensión del MAS es concretar una toma total del poder para establecer una dictadura mediante el control absoluto sobre los bienes, libertad, acciones y derechos de los ciudadanos, lo que se denomina sujetos obligados, conminados a la posibilidad de una penalización por cualquier tipo de operación o transacción financiera. “Esta es una toma del poder a través de leyes camufladas, de leyes engañosas que convierten a Bolivia en un régimen penal, en un régimen panóptico”, manifestó.
La semana pasada, el titular de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que partidos de oposición como Comunidad Ciudadana y Creemos malinterpretan este proyecto de ley y que sus acusaciones carecen de fundamentos técnicos, lo que genera confusión en distintos sectores económicos y organizaciones sociales. “En la oposición, los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos están apelando a falsas interpretaciones de lo que es la Ley”, lamentó Montenegro. Explicó que existen casos de personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, de la noche a la mañana, y no tienen cómo justificar el incremento sustancial de su capital económico y es en esos casos donde se realizan las investigaciones de rigor.