Las dificultades económicas y políticas que padece el país son, sin duda, motivo de atención de parte de las autoridades que tienen en sus manos las riendas del Estado Plurinacional. Es innegable que su preocupación hace que los responsables de esa difícil situación están dedicados a tiempo completo al estudio, evaluación y búsqueda de soluciones para ese complejo panorama, que también es motivo de atención de parte de la opinión pública que sufre, en carne propia, los efectos de esos problemas.
En ese sentido, en últimas semanas el gobierno capea a brazo partido el temporal político y encara asuntos candentes, como la marcha de indígenas en el Oriente, el malestar que trajo la amenaza al Alcalde de Cochabamba, de ser expulsado de su cargo; el conflicto de los cocaleros de los yungas, trasladado a las calles de La Paz y convertidas en campo de batalla; la citación para que presten declaraciones el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y su padre.
No se debe de dejar de tener en cuenta que esas preocupaciones del gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, hicieron que ver que la seguridad del aparato estatal está siendo socavada por oscuros trajines subversivos, que culminarían con un golpe de Estado destinado a poner fin a la existencia del régimen –como lo anunció a voz en cuello–, amenaza que, además, se confirmó con el súbito cambio de las máximas autoridades militares de las Fuerzas Armadas, cuyo seno atraviesa, al parecer, una racha de vientos de tormenta.
Pero, al margen de esas preocupaciones, tal vez imaginarias, el gobierno nacional ha visto por conveniente enfrentar la crisis con medidas concretas, aparte de las genéricas que tiene en práctica, como la recuperación de la economía y la pacificación política. Al respecto, el presidente Arce ha anunciado medidas para resolver la crisis agropecuaria, que podrían ser la tabla de salvación en momentos en que el Estado navega sin brújula ni timón, en medio de un borrascoso temporal y entre escollos visibles e invisibles que causen su naufragio.
El ofrecimiento no podía ser más oportuno en estos momentos. Pero parecería que, atendiendo otros problemas de alcance inmediato, se piensa en la rehabilitación de varias docenas de empresas públicas que no funcionan o lo hacen con déficits considerables, como producto de mayores gastos que ingresos, como YPFB que reportó que el año pasado un déficit operacional de al menos 2.342.60 millones o la Empresa Vinto que informó que ese déficit llegó a 19.9 millones en moneda nacional.
La atención inmediata a las 22 empresas estatales, que el año pasado registraron el déficit total de 2.626,60 millones de bolivianos de pérdidas y que este año alcanzarían una cantidad mayor, sería más efectivo que realizar proyectos faraónicos, como colectivizar la agricultura, según anunció el presidente, con la sinceridad que le caracteriza.
Soluciones sencillas para problemas económicos
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