El paro del pasado día 11 por diversos sectores en rechazo al proyecto de ley de persecución a las Ganancias Ilícitas, ha sido acremente reprimido por la Policía, el partido de gobierno y grupos de choque del MAS. Este nuevo hecho pone a la vista que en el país se hace imposible convivir en comunidad y mantener cualquier forma de diálogo. Nos lo hacen ver los partidarios del gobierno y la oposición. Si unos dicen blanco, los otros replican negro.
En cada protesta pública se debe examinar sus motivaciones. Las hay justas, injustas o caprichosas. Toda paralización de las actividades diarias es un perjuicio común, venga de donde venga. La presente se ajusta a lo primero, por oponerse a un proyecto de ley que castiga toda operación financiera o económica bajo simple sospecha y ante denuncia de quien se le pueda antojar causar daño. Es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los estantes y habitantes del país. Lo dejamos ahí porque una nota de EL DIARIO ya lo comentó y merece muchas del mismo tipo.
El bloqueo es una medida excesiva de cualquier protesta. Como todas las del caso, ésta trató de impedir la circulación de motorizados con miras a paralizar las ciudades. Solo logró a medias ese objetivo. Los bloqueos son contraproducentes porque provocan descontento, peor aún si son violentos. Los realizados en la oportunidad fueron pacíficos. No obstante, la represión oficialista fue violenta en casi todos los departamentos.
Es que se trataba de una advertencia del gobierno y sus seguidores, en sentido de no tolerar toda forma de protesta contraria. Para demostrarlo hizo actuar a una Policía implacable, además de funcionarios públicos y de sus infaltables grupos de choque. Funcionarios del Estado reservaron su identidad para denunciar que fueron obligados, señalaron hora, lugar y orden de permanecer hasta nuevo aviso.
Cinco o seis diputados de oposición fueron agredidos, algunos en La Paz y un varón y la diputada de apellido Campero en Tarija, ella dijo que inclusive habría sido apaleada por militantes del MAS y que 30 policías presenciaron el hecho “pero no movieron ni un dedo”, denunció. La Policía también procedió a la detención de más de una decena de participantes en dos o más distritos. En muchas partes habría oficiado de parte y en algunos enfrentamientos en franco favor de los masistas. Esto permite ver que el gobierno del señor Luis Arce es más drástico que el de Evo Morales, si de represión se trata. Este no empleó la fuerza contra el sector médico que impugnaba el Código Penal, finalmente derogado.
Como están las cosas, parece que el partido de gobierno está determinado a llevar la confrontación a una “madre de las batallas” e imponer la ley Contra las Ganancias Ilícitas y todas las que le convengan. La oposición seguirá siendo un botón de muestra.